Tribunales

El juez Sebastián Sarmiento fue suspendido e irá a juicio político por mal desempeño

Con 13 votos a favor y 8 en contra, el Jury de Enjuiciamiento decidió que el juicio político al juez Sebastián Sarmiento se llevará a cabo en 2026, luego de analizar las denuncias en su contra y su defensa por escrito.

El Jury de Enjuiciamiento decidió este jueves, con 13 votos a favor y 8 en contra, iniciar el juicio político y suspender al juez penal Sebastián Sarmiento por presunto mal desempeño de sus funciones, a raíz de denuncias sobre el uso de celulares en las cárceles y la liberación anticipada de presos condenados.

Esto ocurrió después de la votación en la que participaron los 21 miembros del Jury de Enjuiciamiento, realizada en el Salón de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia, ubicado en el cuarto piso de los Tribunales provinciales.

Según lo dispuesto por la Ley 4970 de Jury de Enjuiciamiento, en el marco del proceso de destitución, el juez penal colegiado Sebastián Sarmiento percibirá el 50% de su salario mientras esté suspendido. El juicio político se llevará a cabo en el transcurso del año 2026, en una fecha aún por definir.

El juez Sebastián Sarmiento fue denunciado por mal desempeño ante el Jury de Enjuiciamiento en junio pasado. Un mes antes, se había inscripto para concursar por el cargo en Neuquén.

Ambrosini, el denunciante del juez Sarmiento: "Hay jueces que interpretan el Código a beneficio de los delincuentes"

El legislador provincial oficialista por San Rafael, Franco Ambrosini, acompañó la denuncia contra Sarmiento presentada por familiares del policía retirado Héctor Pelayes (60), asesinado por un delincuente en su casa de Guaymallén en septiembre de 2024 durante un asalto. El delincuente era Roberto Pereyra Cruz, quien también murió en el tiroteo con Pelayes y que cumplía una condena, estando en libertad condicional por una decisión previa del juez.

Jury al juez Sarmiento: "Hay que impedir que jueces y delincuentes hagan lo que quieran" 

Hasta ahora, Sarmiento ha defendido todas sus resoluciones argumentando que estaban en línea con las leyes vigentes, tanto por escrito como de forma pública. Además, consideró que el pedido de Jury en su contra era una muestra de "adoctrinamiento" hacia los jueces penales de Mendoza, lo que podría tener graves consecuencias para la independencia judicial.


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