Suspenden a una defensora oficial de San Rafael por faltas graves
Romina Crisafulli Menéndez fue separada provisoriamente de su cargo por decisión del Jury de Enjuiciamiento, que la investiga por inasistencias, irregularidades administrativas y la presentación de documentación médica no válida.
El Jury de Enjuiciamiento resolvió este jueves suspender de manera preventiva a la defensora oficial Romina Crisafulli Menéndez, quien se desempeñaba en la Primera Defensoría Oficial Penal de Adultos de San Rafael, dentro de la Segunda Circunscripción Judicial. La medida se tomó tras una serie de acusaciones que, según el expediente, configuran un cuadro de desorden funcional, incumplimientos reiterados y conductas impropias para el cargo.
La presentación que dio origen al proceso disciplinario fue impulsada por la defensora general de la provincia, Cecilia Saint André. En ella se detalla que Crisafulli habría presentado en varias oportunidades certificados médicos que luego fueron considerados inválidos, debido a que estaban firmados por el doctor Héctor Rodríguez Medina, quien no se encuentra habilitado para ejercer. A esto se suman ausencias prolongadas sin justificación y episodios de conflictividad interna señalados tanto por colegas como por personal del Poder Judicial.
El expediente también señala que la funcionaria recibió el alta médica en mayo de 2024 y desde entonces pasó a una modalidad de trabajo remoto excepcional. Sin embargo, ese mismo mes dejó su domicilio en San Rafael sin realizar la notificación obligatoria del cambio de residencia. Paralelamente, gestionaba el traslado escolar de su hijo a la Ciudad de Mendoza, lo que -según la denuncia- indicaría que planificaba un eventual pedido de traslado ante el Consejo de la Magistratura.
Durante el período en que trabajó de manera virtual, se acumularon reclamos de ciudadanos que denunciaron perjuicios en la calidad de su defensa técnica. Las irregularidades se intensificaron a fines de octubre, cuando volvió a presentar certificados médicos emitidos por el mismo profesional no habilitado, esta vez atribuidos a un cuadro de herpes zóster y, posteriormente, a una neuropatía posherpética. La Junta de Salud Ocupacional de OSEP rechazó esa documentación y dispuso el alta para que retomara sus funciones de manera presencial.
Pese a ello, Crisafulli no volvió a su puesto en San Rafael y continuó entregando documentación considerada irregular, al tiempo que ignoraba las notificaciones por inasistencias injustificadas. Con este panorama, el Jury de Enjuiciamiento decidió avanzar con el trámite disciplinario y ordenó su suspensión mientras se sustancia la investigación.