Fragmentación, desinstitucionalización y la defensa de los privilegios escolares

El reciente episodio en el Colegio Santa María -en el que familias de sectores de clase alta y media alta reclamaron ante la sanción institucional aplicada a un grupo de estudiantes por daños y destrozos- expone un fenómeno que excede lo coyuntural. 

Lo que ocurrió no es un hecho aislado, sino un síntoma visible de transformaciones profundas en la escuela secundaria mendocina: la fragmentación educativa y la desinstitucionalización, procesos que estudié en mi tesis doctoral y que hoy permiten comprender por qué ciertos grupos sociales reaccionan de maneras tan distintas frente a normas, sanciones y autoridad escolar.

1. Fragmentación: escuelas para clases que no se tocan

En Mendoza, como en muchas regiones del país, la expansión de la oferta educativa desde los años 90 y 2000 generó un sistema crecientemente segmentado: escuelas para las clases altas, para las medias acomodadas, para las medias bajas y para los sectores populares.

Cada una desarrolla sus propias reglas, formas de gestión y expectativas, lo que produce una escolarización cada vez más homogénea internamente y más separada socialmente.

¿Un "no" justifica un motín? El vandalismo escolar que expone la crisis de límites en Mendoza

Los colegios privados de élite, como el Santa María, participan de un modelo de cierre social (en términos de Weber): seleccionan su matrícula, se orientan a la excelencia académica y al prestigio, y ofrecen un entorno social donde las familias encuentran pares con estilos de vida, valores y expectativas similares. Allí la escuela no es solamente un espacio educativo: es un bien de consumo, un mecanismo de reproducción social y un "territorio protegido".

En ese contexto, cuando la institución sanciona a estudiantes por comportamientos indebidos, la reacción de las familias suele vivirse como un choque entre la autoridad escolar y los derechos y expectativas de consumo que atraviesan este tipo de escolarización.

2. Desinstitucionalización: debilitamiento de la autoridad escolar

La desinstitucionalización, fenómeno presente en todos los sectores sociales, implica que las normas escolares dejan de ser incuestionables y se convierten en objetos de negociación permanente entre familias, estudiantes y escuelas.

Sin embargo, este proceso adquiere matices distintos según la clase social:

En las escuelas populares, los conflictos suelen leerse en clave de disciplina, violencia o precariedad institucional.
En las escuelas de élite, la disputa emerge más bien como una defensa activa del derecho de las familias a intervenir, controlar y corregir las decisiones de la institución.

La escena observada en el Santa María -padres y estudiantes protestando para revertir sanciones por faltas graves- expresa justamente este proceso: una creciente dificultad para reconocer a la escuela como autoridad legítima y no como servicio sujeto a reclamo o presión.

3. Si el hecho hubiese ocurrido en otra escuela: la doble vara de clase

Un elemento central que revela el carácter social del conflicto es la reacción pública.

Si estas acciones hubieran ocurrido en una escuela pública de sectores populares, el relato mediático y social sería probablemente otro:

Se hablaría de "falta de límites","problemas de contención","escasa responsabilidad familiar",e incluso "inseguridad".

Sin embargo, cuando el episodio ocurre en un colegio de clase alta, el foco se desplaza hacia la injusticia de la sanción, el supuesto exceso institucional o la necesidad de "defender a los chicos".

El colegio Santa María mantiene las sanciones a 140 alumnos por los destrozos del último día

Esta doble lectura es una señal clara de cómo opera la fragmentación: no juzgamos los hechos, sino quiénes los protagonizan. Y eso tiene implicancias directas en la reproducción de desigualdades educativas.

4. Un conflicto que revela tensiones profundas

El caso Santa María permite observar la convergencia de los procesos analizados en la tesis:

a) Fragmentación educativa

Las familias reclaman no como ciudadanos ante una institución pública, sino como usuarios de un servicio premium.La escuela funciona como un dispositivo de distinción social, por lo que cualquier sanción amenaza simbólicamente ese capital.

b) Desinstitucionalización

La autoridad escolar aparece debilitada frente a padres empoderados, convencidos de que su opinión debe primar sobre la normativa institucional.La sanción pierde valor educativo y se convierte en un conflicto de intereses.

c) Reproducción social y cierre

La defensa corporativa funciona como mecanismo de preservación grupal.La idea de que "nuestros hijos no pueden quedar libres" se sostiene en el supuesto de que su trayectoria debe ser exitosa por derecho propio, no por responsabilidad.

5. Por qué este caso nos debe preocupar como sociedad

El problema no son solo los destrozos -que deben investigarse y sancionarse-, sino la erosión del pacto educativo: sin normas claras, sin reconocimiento de la autoridad pedagógica y sin un horizonte común, la escuela deja de cumplir su función social.

Cuando las clases altas impugnan públicamente decisiones institucionales legítimas, habilitan un mensaje peligroso:

La escuela tiene autoridad, pero solo mientras no contradiga los deseos de quienes pueden pagarla.

Ese mensaje profundiza la desigualdad y vuelve imposible pensar la escuela como espacio de ciudadanía.

6. Conclusión: una oportunidad para discutir el modelo educativo mendocino

El conflicto del Colegio Santa María debe abrir una discusión más amplia sobre:

el lugar de la autoridad escolar en contextos de desinstitucionalización,los impactos de la fragmentación en la convivencia democrática,y las condiciones de equidad en un sistema donde las clases sociales prácticamente no se cruzan.

La escuela no puede funcionar plenamente cuando cada grupo social exige reglas a medida de sus intereses. Recuperar su función institucional -como espacio de formación común, no como servicio segmentado- es un desafío urgente si aspiramos a una sociedad menos desigual y más democrática.