Detectan una red de estafas virtuales operada desde cárceles mendocinas

Una investigación judicial destapó una compleja red de estafas virtuales que operaba desde distintas cárceles de Mendoza y que tuvo como víctima a una mujer de San Rafael, a quien le sustrajeron cerca de 12 millones de pesos a lo largo de varios meses. El caso derivó en allanamientos, nuevas detenciones dentro del sistema penitenciario y el congelamiento de más de 150 billeteras virtuales.

El fiscal de la Fiscalía de Instrucción N°2 de San Rafael, Javier Giaroli, a cargo de la causa, explicó en una entrevista por Radio Post que la maniobra fue descubierta tras el análisis de evidencia digital y el rastreo de transferencias electrónicas. "No existe hoy un caso criminal que no tenga algún componente que pueda probarse con evidencia digital", afirmó.

La causa se inició a partir de tres denuncias por hechos similares, dos de las cuales fueron unificadas. Según detalló Giaroli, se trató de una estafa planificada y sostenida en el tiempo, basada en técnicas de "ingeniería social" y ejecutada desde unidades penitenciarias de la provincia. "La mayoría de las comunicaciones se posicionaban en la misma zona, lo que fue el primer indicio de que estábamos investigando a personas privadas de la libertad", explicó.

El caso más grave es el de una mujer que fue engañada durante casi cinco meses. Todo comenzó cuando buscó un crédito personal a través de un perfil de Facebook que simulaba ser una financiera. Luego de una primera etapa en la que le exigieron supuestos gastos administrativos, la maniobra escaló: un falso gestor le ofreció iniciar un juicio millonario y, finalmente, apareció un supuesto fiscal que la amenazó con una orden de detención si no pagaba una "contracautela". "Ahí ya no hablamos solo de estafa, sino de extorsión bajo simulación de autoridad pública", remarcó Giaroli.

La víctima llegó a transferir dinero a entre 40 y 50 billeteras virtuales distintas. El rastreo de esos fondos permitió reconstruir la ruta del dinero hasta cuatro presos, señalados como los cabecillas de la organización. "El dinero se consumía en la cárcel: pagaban almacén, cargaban crédito en los teléfonos o cancelaban deudas", detalló el fiscal.

Para avanzar en la investigación, el equipo judicial utilizó software de análisis de grandes volúmenes de datos y herramientas de inteligencia artificial. "Cargamos domicilios, partidas de nacimiento, informes oficiales y la IA nos marcó los puntos de contacto entre las personas", explicó Giaroli. De ese modo, se identificó a unas 40 o 50 personas presuntamente vinculadas, entre ellas familiares y allegados de los detenidos.

Hasta el momento, la Justicia ordenó el congelamiento de más de 150 cuentas digitales. "No vamos a levantar el bloqueo hasta que haya una explicación razonable de por qué el dinero pasó por billeteras a su nombre", advirtió el fiscal, y agregó que prestar datos biométricos para crear cuentas "convierte a esas personas en actores peligrosos del sistema".

Uno de los puntos centrales del caso volvió a poner en debate el uso de celulares en las cárceles. Giaroli fue categórico: "No podemos negar que estos hechos ocurren. Los teléfonos que encontramos son clandestinos, no están registrados ni autorizados". Según relató, los detenidos tenían incluso una especie de "call center" improvisado dentro de la celda, con anotaciones y guiones preparados para engañar a las víctimas.

El fiscal sostuvo que este tipo de maniobras no fueron aisladas y que existen indicios de otras posibles víctimas. De confirmarse, la acusación podría agravarse bajo la figura de asociación ilícita. En cuanto a las penas, señaló que el delito de extorsión prevé un mínimo de cinco años de prisión efectiva, incluso para quienes no tengan antecedentes.

Finalmente, Giaroli dejó una advertencia para la ciudadanía: "Hay que tener el ‘no' en los labios. En caso de duda, consultar. Desconfiar es sano". Y concluyó: "Estas personas ya intentaron engañar a cientos; del otro lado suele haber alguien solo, desprevenido, y ahí está el riesgo".