Seguridad busca recuperar más de $10 millones por un patrullero destruido

Lo que comenzó como un siniestro vial terminó escalando en un conflicto administrativo y patrimonial que ahora llegará a los tribunales. El gobernador Alfredo Cornejo firmó el Decreto N° 2758, mediante el cual instruyó a Asesoría de Gobierno a iniciar acciones judiciales para recuperar el dinero correspondiente a los daños sufridos por un patrullero policial involucrado en un hecho ocurrido el 4 de enero de 2023. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial del 31 de diciembre de 2025.

El expediente se originó en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, bajo el número EX-2023-06521619, y tiene como eje el perjuicio sufrido por el móvil interno N° 3577, un Fiat Cronos dominio AF711MU. A partir del choque, se activaron distintos trámites administrativos, notificaciones al presunto responsable, instancias de mediación y negociaciones con la aseguradora Mapfre Seguros, sin que se lograra cerrar un acuerdo definitivo.

Según consta en la documentación oficial, la División O.L.P.A. de la Dirección de Logística informó el 11 de noviembre de 2024 una estimación de reparación que ascendía a $10.640.000. Con esa cifra como base, la División Siniestros y Recupero de Bienes formuló un reclamo extrajudicial por el mismo monto ante la aseguradora. En el transcurso de las negociaciones, Mapfre presentó una propuesta inferior, por $7.500.000, que no alcanzó a concretarse.

Mientras el recupero seguía en trámite, la situación del vehículo se agravó. El rodado había sido trasladado el 26 de julio de 2023 a la Playa de Secuestros San Agustín, donde fue catalogado como "fuera de circulación total y permanente" a raíz de los daños provocados por el siniestro. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2023, ese predio fue afectado por un incendio que destruyó la totalidad de los vehículos alojados, hecho que quedó registrado tanto en actuaciones judiciales de la Oficina Fiscal N° 02 como en expedientes administrativos internos.

Con el avance del tiempo y la proximidad de los plazos legales, los dictámenes comenzaron a advertir sobre el riesgo de prescripción. Asesoría de Gobierno señaló que, aun en caso de aceptar un acuerdo, correspondía reclamar intereses desde la fecha de la oferta hasta el efectivo pago, y reclamó prioridad absoluta para el expediente. Fiscalía de Estado respaldó esa postura y coincidió en la necesidad de acelerar definiciones.

En paralelo, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio concluyó que las instancias administrativas estaban agotadas y que el procedimiento de recupero había fracasado. En ese análisis se plantearon dos alternativas: avanzar judicialmente o evaluar la incobrabilidad del crédito conforme lo establece el artículo 98 de la Ley 8706 de Administración Financiera, con intervención obligatoria de los organismos de control patrimonial del Estado.

Finalmente, el decreto firmado por Cornejo resolvió avanzar hacia la vía judicial. La norma ordena promover acciones contra el conductor involucrado y/o quien resulte civilmente responsable, así como también contra la compañía aseguradora, con el objetivo de cobrar la deuda derivada de los daños y perjuicios del siniestro ocurrido en enero de 2023. El texto faculta además al Asesor de Gobierno a evaluar la conveniencia y viabilidad de litigar, y lleva la firma de la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus.