Reforma laboral: Santilli llega a Mendoza en medio de una sangría de fondos coparticipables

El proyecto de modernización laboral impulsado por el Poder Ejecutivo retoma su curso en el Congreso Nacional en un clima de tensión. Mientras el oficialismo acelera los contactos para garantizar el quórum, los gobernadores y la cúpula de la CGT han encendido las alarmas por los artículos que, según denuncian, ponen en jaque tanto la representación sindical como el equilibrio de las arcas provinciales. 

La visita de Diego Santilli a Mendoza este jueves es una pieza clave en el tablero de negociaciones. El referente nacional llega para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo, en un contexto donde el impacto económico de la reforma ha comenzado a generar ruidos internos.

Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reforma -que incluye una baja de alícuotas en el Impuesto a las Ganancias- conlleva un costo fiscal total de 1,9 billones de pesos. El mayor peso recae sobre las provincias, que verán reducida su coparticipación en 1,12 billones.  

  El "rojo" de Mendoza

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Mendoza será la séptima provincia más perjudicada del país. La reducción de alícuotas para grandes empresas (que pasan del 35% al 31,5% en el tramo superior) implica que la provincia dejará de percibir $45.300 millones anuales.

Este monto equivale a casi cuatro meses de la obra pública proyectada para el año, lo que obliga al gobernador Alfredo Cornejo a negociar compensaciones directas (como el desbloqueo de fondos para las Rutas 7 y 40) a cambio de que los legisladores mendocinos acompañen el proyecto.

El gobernador destacó en conferencia de prensa que "Mendoza viene trabajando de manera coordinada con la Nación para impulsar obras de infraestructura" que resultan estratégicas para el desarrollo productivo, el comercio y la logística regional.

En ese sentido, mencionó la importancia de avanzar en la finalización de la Ruta Nacional 40 hacia San Juan, el tramo sur de la Ruta 40 entre Bardas Blancas, Malargüe y el límite con Neuquén, y la ejecución integral de la Ruta Nacional 7, principal corredor bioceánico hacia Chile. Cornejo explicó que esta última es "fundamental para la economía mendocina y para la integración con Chile. Hemos avanzado con la variante Palmira y aspiramos a que el resto del corredor pueda licitarse en los próximos meses, entre marzo y abril".

Cornejo anticipó que estos temas formarán parte de la agenda de trabajo con el ministro nacional Diego Santilli y destacó el esfuerzo que realiza la Provincia para sostener la inversión en infraestructura, incluso en tramos que corresponden a la órbita nacional. "Mendoza acompaña este proceso con responsabilidad, invirtiendo donde es necesario para no frenar el desarrollo", indicó.

Ranking de pérdidas por provincia

La reforma laboral tiene un costo fiscal total de $1,9 billones, de los cuales $1,12 billones recaen exclusivamente sobre las provincias y CABA. Así queda el mapa de las jurisdicciones más golpeadas:

Fuente: Datos del IARAF basados en el impacto de la reducción de alícuotas de Ganancias - Enero 2026.

Los puntos que mantienen la tensión

Mientras Santilli intenta cerrar acuerdos políticos, los gremios y gobernadores aliados mantienen sus reparos sobre:

Desfinanciamiento de la Seguridad Social: La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) retiene un 3% de los aportes que hoy van a la seguridad social nacional y provincial.

El costo electoral: El impacto pleno de estas pérdidas fiscales se sentirá durante todo 2026, condicionando la capacidad de los gobernadores para realizar obras y pagar salarios en un año previo a elecciones.

Conflictividad Sindical: La CGT ya advirtió que la limitación de asambleas y el carácter "esencial" de la mayoría de los servicios (obligando a cubrir el 75% de la actividad) terminará en una judicialización masiva de la ley.

El frente sindical: ¿Modernización o precarización?

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene una postura inflexible. Para los líderes sindicales, el proyecto no representa un avance, sino un retroceso en las conquistas históricas. Los principales focos de conflicto incluyen:

Limitación del derecho a huelga: Se establece que servicios "esenciales" deben garantizar el 75% de prestación y los "trascendentales" el 50%, lo que en la práctica neutraliza el impacto de las medidas de fuerza.

Ataque a la estructura gremial: El proyecto exige autorización previa para realizar asambleas, elimina la "ultraactividad" (que mantenía vigentes convenios viejos hasta firmar nuevos) y modifica el sistema de cuotas solidarias, requiriendo el consentimiento explícito del empleado.

Costos de despido: Se propone excluir el aguinaldo y las vacaciones del cálculo indemnizatorio y crear el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), redirigiendo aportes que antes iban a la seguridad social hacia cuentas de inversión.

La encrucijada de los gobernadores

A diferencia de los gremios, los gobernadores muestran una postura más matizada, aunque no exenta de reclamos. Mientras figuras como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) coinciden en la necesidad de blanquear trabajadores y ayudar a las Pymes, otros como Martín Llaryora (Córdoba) advierten que no cederán ante presiones financieras y analizarán cada punto minuciosamente.

Sin embargo, el mayor temor de las provincias es el impacto fiscal. Los legisladores de Catamarca, bajo la órbita de Raúl Jalil, advierten que el proyecto reduce los aportes patronales, lo que golpea directamente la recaudación coparticipable.

Editó: Carina Pérez