La reforma laboral es imperiosa en Argentina

El Gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de reforma laboral más ambicioso desde la Ley de Contrato de Trabajo de 1974. El más común de los sentidos indica que las relaciones laborales en los actuales tiempos, en medio de las grandes trasformaciones tecnológicas que se han ido desarrollando, necesitan ensamblarse con una legislación que normatice los cambios producidos en los últimos 50 años.

¿Es pertinente hablar de una nueva argentina donde la producción y el empleo son esenciales para su configuración, sin una adecuación al devenir de los nuevos tiempos? Claramente no es posible.

La evolución social y laboral ha pasado de la subsistencia a la autorregulación, donde el trabajador pasa a ser un actor esencial para el desarrollo. Tales cambios han sido impulsados por revoluciones tecnológicas (industrial, digital) que transformaron el trabajo de lo físico a lo cognitivo, creando la necesidad de flexibilidad, digitalización y nuevos modelos como la "Gig economy" (contratos a corto plazo o independientes, en lugar de empleos fijos a largo plazo, el trabajo a distancia o modalidades de trabajo eventual) mientras que las sociedades reclaman inclusión, propósito y sostenibilidad, alterando las relaciones laborales y exigiendo una adaptación constante a la era de la inteligencia artificial y la automatización. Todos estos cambios no pueden abordarse con una ley que tiene medio siglo de antigüedad, al estar desfasada en el tiempo no le sirve ni al emprendedor ni al trabajador. Hay que permitirle a ambos actores, flexibilidad, autonomía y diversificación de ingresos.

Si, además, la informalidad laboral, según diversas estimaciones es de un 50% de los trabajadores, con una mayoría de asalariados no registrados y trabajadores por cuenta propia no profesionales, mientras que el empleo formal es minoría, afectando más a jóvenes y personas con menor educación, es de toda lógica incorporar a nuestra legislación, nuevas normativas que apuntalen la simplificación administrativa, la reducción de la litigiosidad y la adecuación del marco legal a las dinámicas actuales del empleo.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la simplificación administrativa y la reducción de la carga contributiva, con el objetivo de fomentar el empleo registrado y facilitar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

En materia de registración, el proyecto propone la eliminación del libro de sueldos y jornales, estableciendo que la registración ante la AFIP/ARCA, o el organismo que en el futuro lo reemplace, será suficiente para acreditar la relación laboral, manteniéndose la obligación de emitir recibos de sueldo. Asimismo, se deroga la planilla horaria prevista en una norma de 1929 y se limitan las disposiciones provinciales o municipales que exijan libros u otros requisitos que contradigan el nuevo régimen legal.

En cuanto a la carga contributiva, el proyecto contempla una reducción global de las contribuciones patronales, con ejemplos indicativos que prevén una baja desde niveles actuales del 22,4% o 20% a porcentajes del 17,4% o 15%, según los supuestos. En este esquema, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que se destinarían tres puntos porcentuales de las contribuciones, con el objetivo de garantizar el pago de indemnizaciones ante eventuales extinciones del vínculo laboral.

Asimismo, se plantea una reducción de los aportes al régimen de obra social, pasando del seis al cinco por ciento en la propuesta mencionada. Estos beneficios podrían aplicarse tanto a contratos vigentes como a nuevas relaciones laborales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

El proyecto también incorpora incentivos para nuevas contrataciones, con un beneficio temporal durante el primer año desde la vigencia de la ley. En particular, se prevé una reducción de contribuciones por hasta 48 meses para la contratación de determinados colectivos, personas sin empleo registrado previo, desempleados por más de seis meses, monotributistas o ex empleados del sector público, con una carga aproximada del 13%, sujeta al cumplimiento de requisitos como el incremento de la dotación histórica.

Finalmente, se incluye un régimen de regularización del empleo no registrado, con un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la ley. No se trata de un blanqueo, sino de un esquema que prevé el pago de las deudas existentes bajo condiciones facilitadas.

Uno de los cambios relevantes del proyecto es la derogación del régimen legal específico de teletrabajo, incorporado en 2020. La iniciativa propone que esta modalidad vuelva a regirse por las disposiciones generales de la Ley de Contrato de Trabajo y por lo que establezcan los convenios colectivos aplicables.

De este modo, el teletrabajo dejaría de contar con un marco normativo autónomo y pasaría a considerarse una forma de organización del trabajo acordada entre las partes. Aspectos como la jornada laboral, la desconexión digital, la provisión de herramientas o la reversibilidad de la modalidad quedarían sujetos a acuerdos individuales o colectivos, dentro de los límites generales de la legislación vigente.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es evitar rigideces normativas y acompañar una modalidad de trabajo que ya se encuentra ampliamente extendida en múltiples sectores. La reforma laboral propuesta se inscribe en un proceso más amplio de revisión del marco normativo del trabajo en Argentina. Tal como está planteada, busca introducir mayor claridad legal, simplificar procedimientos y adecuar la legislación a un mercado laboral en permanente transformación.

Dado que se trata de un proyecto en tratamiento parlamentario que se abordará en el mes de febrero, su contenido definitivo dependerá del debate legislativo y de la reglamentación posterior. El seguimiento de su evolución será clave para comprender su impacto concreto en las relaciones laborales y en la gestión de recursos humanos.

Esta reforma es vital para transformar el país, para ponerlo en proa hacia el futuro. Cuando interpelamos al gobierno sobre la microeconomía, debemos ser honestos en el planteo, sin una legislación de avanzada en materia laboral, será imposible que la economía de lo pequeño o del día a día sea exitosa, para salir del letargo en el que está inmerso la argentina y despegar para siempre sin una falsa épica.