El oficialismo acelera en el Senado la reforma laboral y busca blindar el DNU de Inteligencia
La Libertad Avanza empuja dos proyectos clave de cara a las sesiones extraordinarias de febrero, mientras negocia apoyos con gobernadores y enfrenta reparos de la oposición y los sindicatos.
Con una agenda legislativa marcada por definiciones sensibles, el oficialismo abre una semana intensa en el Congreso con la mirada puesta en una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias, prevista entre el 2 y el 28 de febrero. La modernización del régimen laboral y la ratificación del DNU que modificó la Ley de Inteligencia aparecen como los ejes centrales, junto con eventuales cambios a la Ley de Glaciares.
La reforma laboral, que ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, ingresó en una etapa decisiva en el Senado. Desde la Comisión de Trabajo, presidida por la senadora libertaria Patricia Bullrich, comenzaron las rondas formales de diálogo con senadores aliados, representantes empresariales y centrales sindicales. En ese marco, la abogada Josefina Tajes, impulsada por Bullrich, quedó a cargo de recibir propuestas y articular consensos técnicos.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, asumió un rol clave en la construcción de acuerdos políticos. Su agenda federal incluye esta semana reuniones con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; con el neuquino Rolando Figueroa, en Villa La Angostura; y con el entrerriano Rogelio Frigerio. Días atrás, Santilli también mantuvo encuentros con los mandatarios de San Juan, Marcelo Orrego, y de Mendoza, Alfredo Cornejo.
"No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina. Avanzar en un nuevo marco normativo es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país", sostuvo Santilli tras esas reuniones. Sin embargo, el principal punto de tensión con las provincias es el capítulo fiscal del proyecto, que propone una reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias y tendría impacto directo en la recaudación provincial. Ese fue el eje del debate de la mesa política que encabezó el viernes pasado el vocero y ministro Manuel Adorni, con la participación del titular de Economía, Luis Caputo.
La construcción de mayorías
En diciembre de 2025, el oficialismo logró el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones. El próximo objetivo es llevar el proyecto al recinto el 11 de febrero, cuando Bullrich buscará la aprobación del pleno del Senado. La senadora ya anticipó que el dictamen no está cerrado y puede incorporar modificaciones, una señal dirigida a los aliados circunstanciales y a los gobernadores.
La Libertad Avanza necesita reunir 37 senadores para alcanzar el quórum. Su bloque cuenta con 21 bancas propias y apunta a sumar el respaldo de buena parte del radicalismo que conduce Eduardo Vischi, los tres senadores del PRO que lidera Martín Goerling Lara y representantes de fuerzas provinciales, cuyas definiciones dependen en buena medida de las negociaciones con la Casa Rosada.
Entre los posibles apoyos figuran los dos senadores del Frente de la Concordia de Misiones; la salteña Flavia Royón; la neuquina Julieta Corroza; la tucumana Beatriz Ávila; y la chubutense Edith Terenzi, de Despierta Chubut. En este último caso, el respaldo estaría atado al pedido del gobernador Ignacio Torres para que se trate en extraordinarias un proyecto propio que introduce la figura de ecocidio en el Código Penal y busca sancionar los incendios intencionales en bosques nativos, como los registrados recientemente en Chubut.
Mientras avanzan las negociaciones, la CGT también activó su estrategia y prevé una ronda de contactos en el Congreso y en las provincias para intentar frenar la iniciativa oficial.
El debate por la Ley de Inteligencia
En paralelo, el Gobierno busca sostener el DNU 941/2025, que introduce cambios en la Ley de Inteligencia. El decreto ingresó el viernes al Congreso y fue girado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, integrada por ocho senadores y ocho diputados. El cuerpo cuenta con diez días hábiles para expedirse; si no lo hace, ambas cámaras quedarán habilitadas para tratarlo directamente en el recinto.
La oposición ya comenzó a articular una estrategia para rechazarlo, al considerar que las modificaciones vulneran garantías constitucionales. En ese sentido, los diputados Esteban Paulón, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, del interbloque Unidos, presentaron un amparo judicial. No obstante, el juez Walter Lara Correa rechazó habilitar la feria judicial, al entender que no existe urgencia para tratar el planteo en enero y que la cuestión debe resolverse por los jueces naturales, según informó Paulón en redes sociales.
Además, distintos bloques, con impulso de Unión por la Patria, reclamaron a las autoridades del Senado y de Diputados, Victoria Villarruel y Martín Menem, respectivamente, la integración formal de la Bicameral, que hasta el 9 de diciembre estuvo presidida por Oscar Zago. A ese planteo se sumó la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, encabezada por Juan Pablo Zanetta, que solicitó al Congreso el rechazo del DNU por considerar que introduce cambios profundos en el sistema de inteligencia sin el correspondiente debate parlamentario y amplía las facultades de la SIDE en detrimento de las libertades individuales.
Pese a las críticas, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para ratificar el decreto. La estrategia se apoya en lo establecido por la Ley 26.122, que regula los DNU y fija que alcanza con la aprobación de una sola cámara para convalidarlos, mientras que su rechazo requiere el aval de ambas. Además, el Congreso no puede modificar el contenido del decreto: solo puede aprobarlo o rechazarlo. Si ninguna de las cámaras lo trata, el DNU queda vigente por aprobación tácita.