Cuánto podría ahorrar el Estado si elimina las jubilaciones de privilegio
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estima un recorte fiscal de más de $1.200 millones anuales si prospera un proyecto impulsado por aliados libertarios, aunque el impacto sería gradual por la vigencia del principio de irretroactividad.
La posible derogación de los regímenes de jubilaciones y pensiones de privilegio volvió a instalarse en el centro del debate previsional y fiscal. En medio de la discusión sobre una reforma más amplia del sistema, un informe técnico de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el Estado nacional podría ahorrar alrededor de $1.234 millones por año si se aprueba un proyecto que elimina estos beneficios especiales.
El análisis se basa en el Proyecto de Ley 3285-D-2024 y fue elaborado a pedido de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por José Luis "Bertie" Benegas Lynch. El estudio compara el gasto actual en asignaciones vitalicias con un escenario alternativo en el que esos beneficios se reemplazan por prestaciones del régimen general o por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), sin incorporación de nuevos beneficiarios.
Según los números oficiales, el costo anual vigente de las asignaciones vitalicias asciende a $1.614,8 millones. La mayor parte corresponde a los beneficios previstos en la Ley 24.018, que alcanza a expresidentes, exvicepresidentes, jueces de la Corte Suprema y autoridades eclesiásticas. En detalle, los pagos a exmandatarios suman $859,6 millones por año; los ex jueces del máximo tribunal representan $709,5 millones; y las autoridades eclesiásticas concentran $45,8 millones. En el caso de los sacerdotes seculares, actualmente no se registra gasto.
En el escenario proyectado por la OPC, el desembolso total se reduciría a $380,6 millones anuales. Ese monto se explica por el pago de la PUAM a beneficiarios eclesiásticos por $51,5 millones, jubilaciones recalculadas para expresidentes por $169,1 millones y haberes para ex jueces de la Corte Suprema ajustados al tope del régimen general por $159,9 millones. La diferencia entre ambos esquemas arroja un ahorro neto estimado de $1.234,3 millones al año, con el mayor impacto concentrado en los beneficios de exmandatarios y magistrados.
El proyecto de ley, firmado por los diputados Eduardo Falcone y Oscar Zago, consta de cinco artículos. El primero deroga las leyes 21.540, 22.430, 22.731 y 24.018, que establecen regímenes previsionales diferenciados para eclesiásticos, diplomáticos, magistrados y ex autoridades del Poder Ejecutivo. El segundo artículo dispone que las personas alcanzadas pasen a integrarse al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) bajo las reglas generales.
El tercer artículo crea una nueva asignación para quien ejerza la Presidencia de la Nación, equivalente al 80% de la remuneración del cargo en actividad. El cuarto establece un esquema de transición: invita a los actuales beneficiarios de la Ley 24.018 a renunciar voluntariamente a esos regímenes y optar por el nuevo sistema, en línea con el principio de irretroactividad. El último artículo es de forma.
Además del ahorro inmediato en asignaciones vitalicias, la OPC subraya que la eliminación de los regímenes especiales contributivos del Poder Judicial y del Servicio Exterior tendría un efecto positivo adicional en el largo plazo. En un escenario de estabilización, el saldo combinado de ambos sistemas mejoraría en casi $191.000 millones anuales, al reducir tasas de sustitución elevadas y alinear los haberes con los topes del régimen general.
Uno de los principales condicionantes de la iniciativa es el principio de irretroactividad de la ley, consagrado en el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Esa norma impide quitar derechos adquiridos bajo regímenes anteriores, lo que bloquea la posibilidad de eliminar de manera inmediata las jubilaciones y pensiones ya otorgadas. En la práctica, el Congreso no puede anular automáticamente los beneficios que hoy perciben exfuncionarios, magistrados o autoridades eclesiásticas.
Por ese motivo, el proyecto propone una derogación hacia adelante: frena el ingreso de nuevos beneficiarios, pero mantiene los derechos vigentes hasta su extinción natural o hasta que los titulares acepten migrar al nuevo esquema. La adhesión voluntaria busca evitar eventuales planteos de inconstitucionalidad y explica por qué el ahorro fiscal pleno no se concretaría en el corto plazo.
Si la iniciativa se aprueba, ni el presidente Javier Milei ni la vicepresidenta Victoria Villarruel accederían a jubilaciones de privilegio al finalizar sus mandatos. Desde el plano político, los impulsores del proyecto reconocen que la irretroactividad es un límite estructural para una reforma inmediata, pero sostienen que no puede justificar la continuidad indefinida de beneficios excepcionales. En los fundamentos se plantea que la derogación apunta a reducir una brecha cada vez más visible entre la mayoría de los jubilados, que perciben haberes bajos, y una minoría que accedió a prestaciones especiales por haber ocupado cargos públicos.