La reforma penal juvenil suma respaldo desde Mendoza
La ministra Mercedes Rus apoyó la decisión de incluir el proyecto en las sesiones extraordinarias y reclamó que la baja de la edad de imputabilidad esté acompañada por un sistema de contención para los adolescentes.
La decisión del Gobierno nacional de incorporar la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias de febrero tuvo una rápida repercusión en Mendoza. Desde la provincia celebraron el impulso oficial y aprovecharon la ocasión para volver a plantear la necesidad de una actualización profunda del régimen penal aplicable a menores.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, valoró el anuncio realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sostuvo que la discusión debe darse con seriedad y en sintonía con los cambios introducidos por la legislación civil. "La reforma tiene que reflejar la realidad jurídica actual", afirmó, al remarcar que el Código Civil y Comercial reconoce desde los 13 años una nueva categoría en la consideración de la persona humana.
En ese sentido, advirtió que el sistema penal mantiene un desfasaje normativo que debería corregirse y subrayó que cualquier modificación en la edad de imputabilidad debe contemplar políticas de acompañamiento para los jóvenes involucrados en delitos. Según explicó, el Estado debe garantizar dispositivos específicos, ya sea dentro del ámbito penitenciario o mediante esquemas alternativos de sanción, de acuerdo con la gravedad de los hechos.
Reformas penales que impulsa Mendoza
La postura de la funcionaria provincial se enmarca en un planteo más amplio que Mendoza viene sosteniendo ante la Nación. Rus recordó que en marzo de 2024, junto al gobernador Alfredo Cornejo y al procurador Alejandro Gullé, presentaron un proyecto integral para reformar el Código Penal.
La iniciativa propone que la discusión no se limite a la edad de imputabilidad, sino que incluya delitos que afectan de manera directa la vida cotidiana en la provincia. Entre los ejes centrales figuran el endurecimiento de penas por el robo de luminarias y medidores de servicios públicos, la incorporación como figura penal de la portación de elementos destinados a delinquir y mayores sanciones por tenencia ilegal de armas.
En materia de seguridad vial, el paquete plantea inhabilitaciones más estrictas para conductores alcoholizados que provoquen muertes, mientras que en el terreno digital busca tipificar la suplantación de identidad para frenar nuevas modalidades de estafa.
La postura del Gobierno nacional
Desde el oficialismo nacional también reforzaron el mensaje en favor de la reforma. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que tanto el nuevo Código Penal como la Ley Penal Juvenil pondrán fin a la situación en la que un menor queda en libertad pese a ser responsable de un delito.
La dirigente afirmó además que quienes cometan hechos ilícitos deberán afrontar las consecuencias y remarcó que no puede haber excepciones por la edad.
La Ley Penal Juvenil y la actualización del Código Penal forman parte del paquete legislativo que el Gobierno intentará aprobar a partir del inicio de las sesiones extraordinarias, previstas para el 2 de febrero. De todos modos, la Casa Rosada anticipó que buscará acuerdos parlamentarios, por lo que el tratamiento definitivo podría trasladarse al período ordinario que comenzará en marzo.