Mendoza autoriza intervenir inmuebles abandonados para prevenir delitos
Una resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia autoriza acciones preventivas como tapiados o demoliciones parciales y convoca a los municipios a firmar convenios para actuar de forma coordinada sin afectar la titularidad de las propiedades.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza aprobó un nuevo protocolo que establece cómo podrán intervenir el Estado provincial y los municipios en inmuebles abandonados, usurpados o en condiciones de deterioro que sean utilizados como refugio para actividades ilícitas.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución Nº 5425, firmada por la ministra María Mercedes Rus y publicada en el Boletín Oficial, y busca brindar un marco administrativo rápido para actuar sobre construcciones privadas que representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.
Según detalla la normativa, se detectó la existencia de numerosas propiedades cuyos dueños perdieron el control efectivo sobre el uso y goce de los bienes, lo que facilitó que se transformaran en "aguantaderos" o espacios vinculados a delitos. La resolución subraya que el abandono y el deterioro urbano generan un círculo de degradación que afecta tanto a los propietarios como a los vecinos y eleva el riesgo de hechos criminales en el entorno.
El texto remarca además que el orden, la salubridad y las condiciones del espacio público inciden directamente en la seguridad, por lo que se decidió protocolizar las facultades del Ministerio para disponer intervenciones puntuales -como el tapiado de accesos, demoliciones parciales u otras acciones preventivas- que no alteren la titularidad registral del inmueble, pero permitan neutralizar focos de inseguridad.
Marco legal y rol de los municipios
La resolución fundamenta estas atribuciones en distintos artículos de la Constitución provincial y en leyes que regulan el funcionamiento del sistema de seguridad pública, la actuación policial y las competencias del Ministerio. También recuerda que el Código Penal sanciona la usurpación de inmuebles y que el Estado tiene la obligación primaria de garantizar la paz social.
Un dictamen de la Dirección de Asesoría Letrada avaló la creación del protocolo y señaló que la Policía no solo está facultada, sino obligada a intervenir frente a situaciones que generen inseguridad, aunque en la mayoría de los casos esa acción deberá articularse con los gobiernos municipales, que poseen competencias propias en materia urbana.
En ese sentido, la norma invita formalmente a los municipios de toda la provincia a firmar convenios de cooperación con el Ministerio para coordinar operativos, definir responsabilidades y agilizar respuestas administrativas ante este tipo de situaciones.
Intervenciones preventivas y carácter provisorio
El protocolo aprobado establece que las medidas tendrán un carácter preventivo, proporcional y transitorio, y deberán levantarse de oficio o a pedido de parte una vez que cesen las causas que motivaron la intervención estatal.
De esta manera, el Gobierno provincial busca dotarse de una herramienta legal para actuar con mayor rapidez sobre propiedades que se convierten en focos de delitos, al tiempo que refuerza la coordinación entre la Policía y los municipios en tareas de prevención situacional.
La resolución ya se encuentra vigente y sus anexos pueden consultarse en la versión digital del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza.