El Gobierno vuelve a la carga con la baja de la imputabilidad y abre un fuerte debate político

La intención del Gobierno nacional de volver a impulsar una ley para reducir la edad de imputabilidad penal reactivó una discusión sensible en el Congreso y en la agenda pública. En una extensa entrevista radial, el abogado penalista y asesor del Senado Fernando Soto sostuvo en el programa "A pesar de las llamas" por Radio Post, que la iniciativa no apunta a una política de encarcelamiento masivo, sino a construir un sistema diferenciado para adolescentes involucrados en hechos violentos.

"El dictamen que obtuvo estado parlamentario mantiene básicamente las mismas pautas del proyecto anterior, insistiendo con los 13 años", explicó Soto, aunque reconoció que podría aceptarse una negociación política: "Si termina siendo 14, la diferencia no es tan grande. Lo importante es todo lo demás que contiene la ley".

El especialista remarcó que el foco estará puesto en los delitos graves. "Esto tiene que ser para casos de homicidios y robos agravados. No es una solución mágica bajar la edad de imputabilidad y encerrar a un menor pensando que se termina el problema", advirtió.

El gobierno apura el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad 

Según detalló, el texto prevé un abanico de respuestas penales que hoy no existen en el régimen vigente. "Se incorporan medidas alternativas a la prisión: arresto domiciliario, tobillera electrónica, prohibiciones de acercamiento, controles periódicos, educación obligatoria y una figura clave, que es la del supervisor, que evalúa cómo vive ese menor y le informa al juez", enumeró.

Soto también se refirió a la necesidad de separar a los adolescentes de los presos adultos y de diferenciarlos entre sí. "Nunca pueden estar con delincuentes mayores. Y tampoco es lo mismo un chico primario que uno que cometió un homicidio o un robo agravado. Tiene que haber tratamientos distintos", señaló.

En el tramo más político de la conversación, el asesor apuntó al trasfondo social del problema. "Esto es consecuencia de décadas de deterioro en educación, salud y políticas públicas. Hay fracasos acumulados que hoy explotan", afirmó. Y agregó: "Cambiar la ley es una herramienta de mediano plazo. La educación es una política de generaciones".

Respecto de la magnitud del delito juvenil, sostuvo que, aunque los menores no concentran la mayoría de los hechos, el fenómeno crece. "El problema principal son los adultos, sin duda, pero la franja de delitos cometidos por menores se viene ampliando y aparecen más casos graves, incluso homicidios", dijo.

Para justificar la edad propuesta, Soto apeló a comparaciones internacionales: "En Uruguay es 13 años. En la mayoría de América Latina el promedio es más bajo, alrededor de 11. En Gran Bretaña y Suiza es 9. No existe en el mundo un régimen serio que empiece a los 16 como el nuestro".

Incluso fue más lejos: "Si fuera por mí, pondría 12. La responsabilidad penal debería empezar cuando hay conciencia clara de lo que está bien y lo que está mal".

La reforma penal juvenil suma respaldo desde Mendoza 

Consultado sobre el impacto en el sistema penitenciario, respondió que la reforma busca justamente evitar el colapso de las cárceles. "Hoy el sistema es intervención o nada. Nosotros proponemos controles intermedios. La prisión queda para los delitos más graves. No debería aumentar la tasa de ocupación".

Sobre las sanciones máximas, precisó: "Para un menor que comete un homicidio proponemos un tope de 20 años. El dictamen lo bajó a 15, pero creemos que 20 es razonable. No se aplica perpetua porque se busca que tenga una oportunidad de recuperación".

La iniciativa vuelve ahora al centro de la escena parlamentaria y promete un debate áspero entre oficialismo y oposición. Mientras el Gobierno insiste en endurecer el régimen penal juvenil para los delitos violentos, otros sectores advierten sobre el riesgo de criminalizar la pobreza y reclaman fortalecer las políticas sociales y educativas.