Melella judicializa la intervención del Puerto de Ushuaia y acusa a Nación de invadir competencias
El gobernador fueguino presentó una acción ante la Justicia Federal para frenar la medida dispuesta por el Gobierno nacional. Rechazó irregularidades en la gestión, habló de posible privatización y defendió la operatoria y las inversiones en la terminal marítima.
El Gobierno de Tierra del Fuego llevó a los tribunales la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por la administración nacional. La presentación fue confirmada por el gobernador Gustavo Melella, quien cuestionó la legalidad de la decisión y anticipó que buscará revertirla por la vía judicial.
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la demanda ingresó esta semana en la Justicia Federal y se apoya en dos ejes centrales: la declaración de inconstitucionalidad de la medida y un amparo para dejar sin efecto todo lo actuado por el Gobierno de Javier Milei, con la restitución de las autoridades que estaban al frente de la terminal portuaria.
En la Casa de Gobierno fueguina sostienen que la intervención avanza sobre atribuciones propias de la provincia y altera el esquema federal. En ese marco, Melella fue categórico: "Es ilegal lo que hicieron, no hay fundamentos", afirmó, y aseguró que agotará todas las instancias judiciales. También deslizó sospechas sobre los motivos de fondo de la decisión y advirtió que podría existir "algún negocio detrás", además de reavivar el debate sobre una eventual privatización del puerto.
El mandatario negó de plano las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la administración. Afirmó que no hubo desvíos de fondos ni maniobras indebidas y señaló que los recursos generados por la actividad portuaria se reinvierten en su totalidad, bajo sistemas de control y auditorías permanentes.
Las críticas provinciales quedaron plasmadas en un comunicado oficial difundido tras conocerse la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Allí, el Ejecutivo fueguino cuestionó la falta de sustento técnico de la intervención y marcó inconsistencias administrativas, al tiempo que consideró que la medida carece de respaldo jurídico y constitucional.
Además, desde la Provincia remarcaron que el Puerto de Ushuaia continúa funcionando con normalidad y atraviesa una de las temporadas más intensas de los últimos años. Según precisaron, están previstas más de 525 recaladas de cruceros y buques, con un movimiento que superará las 30 mil personas entre pasajeros y tripulantes en un corto lapso.
También destacaron las inversiones en infraestructura, entre ellas la extensión del muelle en más de 100 metros, obra que permitió ampliar la capacidad operativa de la terminal. En ese contexto, subrayaron que operadores internacionales mantienen su actividad en el puerto, lo que -según indicaron- refleja confianza en la gestión.
Los argumentos de Nación
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación justificó la intervención por doce meses a partir de reclamos de empresas navieras y denuncias de trabajadores sobre un presunto vaciamiento. En la resolución oficial se indicó que una comisión de inspección detectó "un deterioro significativo en sectores estructurales del muelle comercial" y advirtió sobre fallas en los sistemas contra incendios, deficiencias en señalización y alumbrado, y un cuadro general de incumplimientos que comprometerían la habilitación de la terminal.
El organismo también informó que durante el operativo no se hallaron registros de ingresos y egresos ni de compras, pese a que esa tarea había sido tercerizada por la administración provincial en una firma que -según la Agencia- figura habilitada para actividades ajenas a la operatoria portuaria, como la venta de paraguas, termos y pelucas. Todas esas observaciones, indicaron, fueron comunicadas formalmente a la Provincia.
Otro de los puntos señalados fue el uso del presupuesto: de acuerdo con la normativa vigente, los fondos del puerto deben destinarse exclusivamente a inversiones en la propia terminal. Sin embargo, la Agencia sostuvo que el gobierno fueguino habría derivado un 33% de esos recursos a subsidios provinciales y apenas un 1,3% a obras y servicios para mejorar la calidad operativa.
Con esos elementos, el organismo concluyó que "existen sobrados fundamentos para disponer la inmediata intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia". La medida se fijó inicialmente por un año y, una vez cumplido ese plazo, se evaluará si la situación fue regularizada o si corresponde extenderla.
Durante el período de intervención, la Prefectura Naval Argentina asistirá en las tareas operativas y en la garantía de las condiciones de seguridad, mientras que las principales gerencias continuarán a cargo de personal fueguino, al que la Agencia reconoció capacidad técnica y conocimiento del funcionamiento del puerto.