La cuestión penal juvenil: donde nada es lo que parece
En este artículo, Emilio García Méndez desarma las apariencias del debate sobre la cuestión penal juvenil y expone las responsabilidades políticas, judiciales y democráticas que han sostenido, durante más de cuatro décadas, un régimen heredado de la dictadura, mientras se insiste en reformas superficiales incapaces de mejorar la seguridad.
En el debate sobre la cuestión penal juvenil (cpj) nada es lo que parece. El decreto de la dictadura (22.278 de 1980) que constituye el régimen penal de la minoridad vigente, cumple este año 46 años.
Desde la vuelta de la democracia hasta hoy, ningún gobierno, ni aun gozando de mayoría en ambas cámaras, se propuso seriamente su derogación. Raúl Zaffaroni, muy injustamente acusado de garantista, no solo se cansó de defender públicamente la permanencia de este decreto, sino que, en su fallo más conspicuo (García Méndez-Musa, s/ causa N° 7537, CSJN, 2008) alegó por el uso de instituciones penitenciarias para la "protección" de los menores inimputables.
Como si esto fuera poco, también trabajó incansablemente para destruir en la cámara de diputados en el 2010, un excelente proyecto, aprobado en forma unánime en la cámara de senadores en el 2009.
Tal vez pudiera constituir un mínimo gesto de nobleza, el que hoy, con el diario del lunes, alguno de los viejos detractores del proyecto aprobado en el Senado, tuvieran el coraje de revisar su posición públicamente.
La mezcla de barbarie, locura y oportunismo que anima a una parte de los reformadores de hoy, aconsejan una actitud justa y sensata como esta.
Por los demás, insuficientes han sido los intentos serios por aumentar la eficiencia y transparencia del funcionamiento de los cuerpos policiales. Tarea pendiente de la democracia si la hay.
Siempre el cortoplacismo miope de la política, entendida como una forma de espectáculo que en el mercado electoral cambia la sensación de seguridad por votos, ha optado por la solución "barata" de la reforma legislativa. Una reforma legislativa entendida torpemente como sucedáneo ideológico de encarar reformas serias y profundas.
He aquí en pocas palabras, el sinuoso camino que nos ha traído hasta el día de hoy.
Alguien en su sano juicio puede creer que, bajo el clima imperante, una reforma como la que hoy se propone tratar en sesiones extraordinarias, pudiera aumentar aunque sea en un milímetro los niveles de (in) seguridad existentes.
No debería haber dudas acerca de que necesitamos una ley seria y equilibrada de responsabilidad penal juvenil.
Pero sin una autocrítica profunda que entienda que el derecho a la seguridad colectiva es un presupuesto básico de toda sociedad democrática, no solo no podremos tener una ley, severa y justa a la altura de las circunstancias.
Ni siquiera podremos pensarla.