Tarifas: Caputo confirmó que habrá subas mensuales superiores al IPC

El Gobierno decidió avanzar con un esquema de actualización de tarifas que, al menos durante los próximos meses, estará por encima de la inflación. La definición fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en simultáneo con la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC, en un contexto marcado por la sensibilidad política que rodea a la evolución del costo de vida.

Caputo defendió la decisión oficial al señalar que un cambio en la metodología del IPC podría abrir suspicacias cuando la desinflación todavía no está plenamente consolidada. Según explicó, como ya hubo una recomposición fuerte en los servicios públicos, los aumentos mensuales deberían ser "un poquito" mayores que la inflación, aunque sin saltos abruptos en las facturas. El objetivo, sostuvo, es reducir la volatilidad estacional entre verano e invierno y ganar previsibilidad para los hogares.

Detrás de esa estrategia aparece un dato estructural: la cobertura de costos en los servicios públicos sigue incompleta. De acuerdo con estimaciones de Invecq, los usuarios residenciales afrontan hoy el 76% del costo de la electricidad, el 61% del gas natural y apenas el 32% del transporte, mientras que el servicio de agua ya alcanzó una cobertura del 100%.

La postergación del nuevo IPC -que incorporará ponderadores actualizados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 y elevaría el peso relativo de los servicios- generó cuestionamientos entre economistas. Santiago Bulat, socio y director de Invecq, remarcó que la mayor diferencia entre ambas metodologías se dio en 2024, con una inflación de 117,8% en el índice vigente frente a 134,8% con el esquema actualizado. En 2025, en cambio, la brecha se habría reducido a menos de un punto: 31,5% versus 32,6%. Según el economista, con el IPC actual aún quedaría por corregir un impacto directo de tarifas de luz y gas cercano a 4 puntos porcentuales en un año, cifra que podría ser mayor con la nueva medición por los efectos indirectos.

La desaceleración inflacionaria es uno de los principales activos del oficialismo. Tras el pico de 211,4% en 2023, el IPC acumuló 31,5% en 2025, el nivel más bajo en ocho años. Sin embargo, el proceso mostró señales de tensión: en diciembre la inflación mensual fue de 2,8%, la más alta desde abril, y las proyecciones privadas para enero se ubicaron entre 2,5% y 2,7%. Con casi siete meses consecutivos de aceleración, cualquier modificación en la medición oficial se volvió políticamente costosa.

En ese marco, la Secretaría de Energía formalizó subas desde febrero. Las variaciones combinan cuatro factores: la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria, la indexación automática por la fórmula IPIM + IPC, el nuevo esquema de subsidios y la implementación de un precio del gas uniforme durante todo el año.

Ese rediseño incluye la puesta en marcha del Subsidio Energético Focalizado (SEF), que elimina la segmentación por niveles de ingresos y deja solo dos categorías: usuarios con subsidio y sin subsidio. El umbral para acceder al beneficio baja de 3,5 a 3 canastas básicas totales, lo que implicará que parte de los hogares de ingresos medios pierdan la bonificación. Según datos oficiales, unas 140.000 familias quedarían fuera del beneficio, aunque la fundación FIEL proyecta un impacto mayor: 500.000 usuarios de electricidad y 300.000 de gas.

Para los sectores de menores ingresos, los ajustes serán más pronunciados. La consultora Economía y Energía estimó subas reales del 20% en electricidad y del 23% en gas respecto de las boletas de 2025, aunque con descuentos estacionales para morigerar el impacto en los meses de mayor consumo.

El plan oficial combina dos objetivos. Por un lado, recortar el peso de los subsidios energéticos del 0,65% del PBI al 0,5% y elevar la cobertura del costo real del servicio: en 2026 pasaría en promedio del 55% actual al 76% en electricidad y al 79% en gas. Por otro, evitar picos estacionales que se trasladen de golpe al IPC. El "aplanamiento" tarifario apunta a incrementos mensuales algo superiores a la inflación, pero sin sobresaltos invernales.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, interpretó que la decisión de frenar el cambio metodológico del IPC solo puede explicarse por la magnitud que tendrán los ajustes en servicios públicos en los próximos meses. Según advirtió, el Gobierno busca seguir reduciendo subsidios en un escenario de límites para recortar otras partidas y con una recaudación que no muestra un repunte claro, mientras que las tarifas aún figuran entre los precios más alejados de su nivel objetivo.

El dilema se profundiza hacia adelante. El Presupuesto 2026 proyecta una inflación anual de 10,1%, con una meta implícita de variaciones mensuales cercanas a cero hacia agosto, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central prevé un 22,5% para ese año. En su último Informe de Política Monetaria, el BCRA señaló que la actualización del IPC daría mayor peso a servicios como tarifas, alquileres y expensas, y reduciría la incidencia de alimentos y bienes durables. Aunque ese cambio modificaría la sensibilidad del índice ante shocks de corto plazo, el organismo aclaró que no alteraría la tendencia inflacionaria de fondo, que seguirá dependiendo de la política fiscal y monetaria.