El megajuicio contra Walter Bento entra en una etapa decisiva

La causa que investiga al ex juez federal Walter Bento entra este jueves en una instancia decisiva: comenzará la audiencia destinada a debatir las penas que podrían recibir los acusados, luego del veredicto condenatorio que alcanzó a 18 de los 28 imputados.

Tras más de dos años y medio de debate oral, el proceso judicial pasó ahora a una nueva fase en la que el tribunal y las partes deberán concentrarse exclusivamente en la determinación de las sanciones. Sin embargo, la transición hacia esta etapa se da en un clima cargado de tensión, con cruces entre defensas y fiscalía por el procedimiento elegido.

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La jornada abrirá con la respuesta del tribunal a una serie de planteos formulados por las partes, entre ellos pedidos de producción de prueba adicional, nuevas declaraciones testimoniales y la eventual posibilidad de que los imputados vuelvan a hablar ante los jueces. Fuentes judiciales anticiparon que la mayoría de esas solicitudes serían rechazadas, aunque no descartan que se habilite alguna intervención de los acusados, lo que podría extender la audiencia más de lo previsto.

El miércoles, cuando se esperaba iniciar directamente con la discusión de las penas, el abogado defensor de Bento, Mariano Fragueiro Frías, cuestionó de manera frontal la aplicación de la audiencia de cesura dentro del proceso. Sostuvo que ese mecanismo resulta incompatible con la normativa que, según su postura, rige la causa.

Durante su exposición, afirmó que esa instancia permitiría a la fiscalía ampliar la acusación fuera de los límites del Código Nacional y advirtió que ello afectaría el derecho de defensa y las garantías del debido proceso. También objetó la división del juicio en etapas y recordó que, en oportunidades anteriores, el propio tribunal había descartado suspensiones del debate bajo el argumento de que se aplicaba la legislación procesal vigente al inicio del expediente.

Los cuestionamientos fueron acompañados por otros defensores, algunos de los cuales llegaron a solicitar la nulidad total del juicio. La discusión se extendió durante varias horas y obligó al tribunal a pasar a un cuarto intermedio antes de resolver. Finalmente, las juezas rechazaron todos los planteos y habilitaron la continuidad del proceso.

El inicio de la etapa de cesura llega apenas días después de conocerse el fallo condenatorio. La presidenta del tribunal, Gretel Diamante, formuló duras consideraciones al leer el veredicto, con señalamientos hacia Bento y su entorno familiar, a quienes acusó de haber utilizado a uno de sus hijos con discapacidad dentro de maniobras vinculadas al lavado de activos.

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Bento fue hallado culpable como jefe de una asociación ilícita y por ocho hechos de cohecho pasivo agravado, además de enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por su condición de funcionario público, falsedad ideológica, desobediencia y ocultamiento de elementos probatorios.

La resolución alcanzó a 18 imputados. Además del ex magistrado y miembros de su familia, fueron condenados por asociación ilícita los abogados Jaime Alba, Luis Francisco Álvarez, Alejandro Aramayo, Luciano Ortego y Martín Ríos, junto al policía José Moschetti y a Walter Bardinella Donoso, considerados integrantes del entramado que encabezaba Bento.

Otros ocho acusados -Alfredo Aliaga, José María Sanguedolce, Martín Bazán, Marcos Calderón, Enrique de la Cruz, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, Juan Carlos Molina y Eugenio Nasi- fueron declarados responsables del delito de cohecho.

La defensa de Bento dilató la etapa final y apuesta a la prisión domiciliaria

La postergación se produjo luego de que su defensa solicitara incorporar una extensa nómina de testigos con el objetivo de discutir la modalidad de cumplimiento de una eventual condena. El foco está puesto en lograr la prisión domiciliaria tanto para el ex magistrado como para integrantes de su familia.

El requerimiento incluye a más de veinte personas, en su mayoría especialistas en salud mental y organismos vinculados al sistema judicial y penitenciario. La presidenta del Tribunal, Gretel Diamante, junto a las otras juezas, deberá definir si habilita estas declaraciones, al menos de manera parcial. Desde el Ministerio Público Fiscal ya adelantaron que se opondrán.

La audiencia había comenzado a las 13 con la expectativa de escuchar el planteo punitivo de la Fiscalía. Sin embargo, primero se presentaron pedidos de nulidad por parte de los abogados defensores, quienes cuestionaron la forma en que se dividió el debate y el esquema procesal aplicado en esta etapa del juicio.

Además, el Tribunal resolvió quitar los agravantes en los delitos de cohecho activo, una decisión que obligó a la acusación a recalcular los montos de las penas posibles. Por ese motivo, la fiscalía solicitó un cuarto intermedio para reformular su postura, ya que el cambio impactó en los mínimos y máximos previstos.

Cuando el debate se reanudó cerca de las 17.30, las juezas rechazaron los planteos de nulidad. Pero inmediatamente los defensores Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza volvieron a alterar el cronograma al reclamar la citación de una nueva batería de testigos.

El eje del pedido gira en torno a la salud psíquica de los integrantes de la familia Bento, entre ellos uno de los hijos del ex juez que padece una discapacidad, con el fin de respaldar un eventual régimen de arresto domiciliario en la vivienda del barrio Palmares.

Desde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco fue tajante: "Esta Fiscalía se va a oponer a la modalidad de cumplimiento que prevén, que es la prisión domiciliaria". También aclaró que cualquier evaluación médica debería realizarse cuando la condena quede firme y no antes. "Pueden ser muchos años para adelante, por lo cual cualquier elemento pericial que se haga va a tener que repetirse al momento de la condena", sostuvo. Y agregó: "No es intención de esta parte solicitar la modificación del status que mantienen los que están en libertad y con el que continúan los que están privadas de ella".

La lista de testigos

Entre los convocados figura un psicólogo que deberá referirse al vínculo entre Walter Bento y su hijo Facundo y a "la afectación por la detención de su padre y la involución que ha tenido". También se incluyó a un profesional del Cuerpo Médico Forense y a un psiquiatra para evaluar distintos aspectos clínicos, además de la persona que asiste al joven en el domicilio familiar.

La defensa sumó a un equipo interdisciplinario de la Defensoría General de la Nación, a la psicóloga del complejo penitenciario de Cacheuta y al Servicio Penitenciario Federal VI, con el objetivo de que se informe sobre la conducta de Bento durante su detención, su participación en actividades y su eventual "baja peligrosidad y capacidad de resocialización".

En la nómina aparecen, además, la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte provincial, la Cámara Federal de Mendoza y el Consejo de la Magistratura de la Nación. A partir de ese conjunto de testimonios, los abogados solicitaron que el Tribunal ordene una pericia psicológica y psiquiátrica integral "respecto a la situación actual de salud mental" del ex juez.

Para la esposa de Bento, Marta Boiza, pidieron la citación de su psiquiatra, del médico que la atendió tras un accidente en 2024 y de funcionarios judiciales que puedan dar cuenta de su desempeño cuando era empleada del sistema. Incluso se requirió información al club Andes Talleres, donde es socia, sobre su conducta.

En el caso del hijo mayor del matrimonio, Nahuel Bento, reclamaron la presencia de un psicoanalista que exponga sobre el impacto personal del proceso judicial, además de dos amigos de la infancia para que hablen de su vida social y autoridades universitarias que detallen su trayectoria académica.

Con este planteo, la defensa logró correr nuevamente el calendario del juicio y trasladar al Tribunal la decisión sobre si habilita una discusión más amplia sobre la modalidad de las condenas, en un tramo clave del expediente que investiga una red de sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.