Cómo se pondrá en marcha el acuerdo con Estados Unidos: qué cambia primero y por qué su aplicación total llevará hasta tres años
La Casa Rosada admite que gran parte del tratado exigirá aval del Congreso y reformas legales, pero anticipa avances rápidos en patentes, carne y aranceles. Cuáles son los compromisos internacionales involucrados y los plazos previstos.
Tras la firma del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, se abre ahora una etapa clave: la de su implementación. Según admiten en el Gobierno de Javier Milei, el proceso completo podría extenderse durante unos tres años, debido a la necesidad de aprobar leyes, adherir a convenios internacionales y modificar regulaciones internas. Sin embargo, en la Casa Rosada aseguran que algunos capítulos del entendimiento empezarán a mostrar efectos en el corto plazo, en especial los vinculados a propiedad intelectual, comercio de carne y aranceles.
Altas fuentes oficiales explican que cerca del 35% del acuerdo requiere normas específicas para entrar en vigor. Parte de esos cambios podrían instrumentarse mediante decretos o resoluciones administrativas, pero otros demandarán debate parlamentario. Entre ellos se encuentra la adhesión a una decena de tratados internacionales que el país debe ratificar para alinearse con los estándares exigidos por Washington.
Ese listado incluye acuerdos sobre señales satelitales firmados en Bruselas, el tratado de Budapest para el depósito de microorganismos, el acta de Ginebra sobre diseños industriales, el Protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas, el tratado de Singapur en la misma materia y el convenio UPOV 91 para la protección de obtenciones vegetales. A todos ellos se suma uno considerado urgente por el Ejecutivo: el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuya aprobación debería concretarse antes del 30 de abril, de acuerdo con el cronograma comprometido en la negociación bilateral.
Patentes y propiedad intelectual
El PCT es un mecanismo que permite solicitar protección para una invención en más de 155 países mediante un procedimiento unificado, otorgando un plazo de hasta 30 meses para definir en qué jurisdicciones se buscará la patente definitiva. Para el Gobierno, la incorporación a ese sistema será un paso central en la modernización del régimen local de propiedad intelectual.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que el ingreso al PCT implicará un cambio relevante para la comunidad científica y tecnológica, al facilitar que una solicitud presentada en la Argentina tenga alcance internacional. En la misma línea, funcionarios del área sostienen que la ley vigente no es objetada por Estados Unidos, pero que existen resoluciones administrativas que, en la práctica, restringieron la protección efectiva de las patentes.
En particular, se refieren a una serie de normas conjuntas dictadas entre 2012 y 2015 que, según el diagnóstico oficial, desalentaron la registración local y empujaron a empresas e investigadores a tramitar sus patentes en el exterior. Parte de la implementación del acuerdo, señalan, pasará por revisar y actualizar esas disposiciones para alinearlas con los estándares internacionales.
La apertura del mercado de la carne
Otro capítulo que el Ejecutivo considera inminente es el del comercio de carne bovina. Estados Unidos se comprometió a ampliar de manera significativa el cupo de ingreso preferencial para productos argentinos, que pasará de 20.000 a 100.000 toneladas. El anuncio generó repercusiones públicas, sobre todo porque también se prevé otorgar a la carne norteamericana un acceso recíproco al mercado local.
En la Casa Rosada explican que ambos puntos responden a cuestiones técnicas. La ampliación del cupo para la Argentina no fue incluida formalmente en el texto del acuerdo para evitar reclamos de terceros países ante la Organización Mundial del Comercio. Al no tratarse todavía de un tratado de libre comercio pleno, sostienen, Estados Unidos optaría por instrumentar la medida mediante una orden ejecutiva, lo que permitiría acelerar su aplicación sin pasar por instancias multilaterales que podrían demorarla varios meses.
En cuanto a la cuota para carne estadounidense, fuentes oficiales relativizan su impacto práctico y señalan que se trata de una cláusula de reciprocidad habitual en convenios bilaterales. Según esa visión, será el propio mercado el que determine si efectivamente se materializa un flujo relevante de importaciones.
Desde el Gobierno agregan que la Argentina, al operar dentro del esquema del Mercosur, enfrenta menos obstáculos burocráticos para habilitar ese tipo de decisiones.
Cambios arancelarios
La política arancelaria es otro de los aspectos que podría empezar a regir con mayor rapidez, dado que -salvo cuestiones estrictamente aduaneras- no requiere aprobación legislativa específica. En el acuerdo, la Argentina se comprometió a eliminar aranceles para 221 posiciones, entre ellas maquinaria, equipos de transporte, insumos químicos y dispositivos médicos.
Estados Unidos, por su parte, suprimirá gravámenes para 1.675 productos argentinos, lo que, según destacan en el Ejecutivo, ampliaría el acceso a un mercado de más de 340 millones de consumidores. Dentro de ese universo, el Gobierno ve oportunidades particulares para la industria farmacéutica, en un contexto de tensiones internas en el mercado estadounidense por los precios de los medicamentos.
Funcionarios subrayan además que el entendimiento consolida una mejora en la posición relativa de la Argentina: el arancel general del 10% que Washington aplica a otros países pasaría a ser el tope para los productos locales. Desde la Casa Rosada recuerdan que en 2025 el intercambio bilateral cerró con superávit para la Argentina por primera vez, incluso antes de la firma del acuerdo, y sostienen que ese escenario podría profundizarse con las nuevas condiciones.
Cuándo podría empezar a regir
En materia de plazos, el Gobierno pone el foco en una diferencia institucional clave entre ambos países. En Estados Unidos, el acuerdo no requiere ratificación del Congreso, mientras que en la Argentina sí deberá ser aprobado por el Parlamento. Una vez cumplido ese paso, el Presidente deberá formalizar la ratificación para cerrar el trámite interno.
El texto establece que el tratado comenzará a aplicarse 60 días después de que ambas partes completen sus procesos de ratificación. Si el Congreso argentino lo avala en los próximos meses, sostienen en la Casa Rosada, las primeras disposiciones podrían entrar en vigencia en el corto plazo, mientras se avanza en paralelo con el resto de las reformas necesarias para completar la implementación integral del entendimiento bilateral.