La Cámara Minera de Mendoza respaldó cambios en la Ley de Glaciares y pidió mayor precisión normativa
En un comunicado, CaMEM sostuvo que la legislación vigente contiene vacíos conceptuales que afectan la seguridad jurídica y la protección ambiental. Apoyó el debate en el Congreso y reclamó reglas más claras que respeten las facultades provinciales
La Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CaMEM) expresó su apoyo al proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares que se discute en el Congreso Nacional y afirmó que la normativa actual "abunda en imprecisiones y vacíos conceptuales" que, lejos de fortalecer la tutela ambiental, terminan volviéndola ineficaz .
En un comunicado difundido en febrero de 2026, la entidad sostuvo que, si bien comparte "el espíritu de tutela y regulación" de la ley 26.639, su aplicación práctica se ve afectada por la falta de definiciones claras, especialmente en lo referido a categorías como los glaciares de escombros y el ambiente periglacial. Según CaMEM, estas ambigüedades no solo debilitan la protección efectiva de las reservas hídricas, sino que también erosionan la seguridad jurídica necesaria para las inversiones en las provincias del oeste argentino.
El pronunciamiento también remarcó el rol constitucional de las provincias sobre los recursos naturales, al recordar que el artículo 124 de la Constitución Nacional les otorga esa potestad y que la Nación debe fijar únicamente "presupuestos mínimos" ambientales. Para la Cámara, esos umbrales deberían funcionar como un piso regulatorio que las jurisdicciones puedan complementar o endurecer, algo que -afirman- la versión original de la ley no contempló al establecer prohibiciones máximas que no admiten adecuaciones locales.
Hacia el final del documento, CaMEM rechazó que la eventual reforma implique un retroceso ambiental y planteó que, por el contrario, "precisar y delimitar los alcances de dicha protección tornará más eficaz a la norma". A su entender, una regulación más clara permitiría evitar litigios, aportar certidumbre y armonizar el marco normativo para compatibilizar la tutela del ambiente con el desarrollo de actividades productivas, la generación de empleo y las oportunidades económicas en Mendoza y en el resto de las provincias cordilleranas