Baja de imputabilidad: "Ataca las consecuencias y no las causas", advierten desde la Asociación de Defensa Pública

Tras la media sanción en Diputados del proyecto que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el presidente de la Asociación de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA), Adolfo Sánchez Alegre, afirmó en el programa "A pesar de las llamas" por Radio Post que la iniciativa "no va a solucionar el problema".

"No estamos en contra de una ley que modifique la actual ley vigente", aclaró el especialista, quien hace 20 años se desempeña como defensor penal juvenil. Recordó que la normativa actual "data del año 1980, una ley anacrónica" dictada en otro contexto jurídico, previo a la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

"¿Es necesario una ley? Sí, es necesario una ley", sostuvo. Pero advirtió que la reforma "debiera ser consensuada" y apoyada "desde los datos empíricos, desde las perspectivas normativas, desde una perspectiva neurocientífica y sobre todo una perspectiva empírica". En ese sentido, remarcó: "Con una ley así que pretenda bajar la edad de punibilidad a 13 o 14 años, en realidad lo que se pretende atacar son solo las consecuencias y no abordar adecuadamente y de manera federal las causas que generaron los delitos".

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Datos y percepciones

Sánchez Alegre cuestionó la idea de que el delito juvenil tenga un peso determinante en la inseguridad. Citó informes de UNICEF que indican que, en 2023, "solo un 2% del total de las investigaciones penales iniciadas en la provincia de Buenos Aires corresponde a adolescentes".

También diferenció conceptos que -según dijo- suelen confundirse: "Hablar de inimputabilidad, punibilidad o impunidad parecía ser todo lo mismo. Creo que son conceptos totalmente distintos". Explicó que aun cuando hoy un menor de 16 años no reciba pena como un adulto, "no significa que no hagamos nada en el sistema judicial", ya que se investigan los hechos y se ordenan estudios interdisciplinarios.

"La pena del adulto es prácticamente retributiva. En los adolescentes hasta los 18 años no es retributiva, sino que tiene otra función: que el adolescente asuma una función constructiva en la sociedad", explicó.

El problema del financiamiento

Uno de los puntos críticos, señaló, es la viabilidad económica. "Si vamos a sancionar una ley, tenemos que tener la viabilidad de los recursos económicos para poder llevarla a cabo", afirmó.

El proyecto prevé partidas presupuestarias para el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, pero advirtió que la mayoría de los delitos juveniles no son federales. "Me pregunto: ¿cuáles son los delitos federales que cometen los adolescentes? Si la mayoría son delitos contra la propiedad", planteó.

Además, recordó que los estándares internacionales obligan a que los menores condenados estén alojados en establecimientos especiales, con personal especializado. "Es todo un combo de profesionales especializados en la temática que no se ve en los adultos", explicó.

En ese marco, citó antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaron a la Argentina adecuar su régimen penal juvenil a parámetros internacionales.

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Comparación regional y tasas de homicidio

Frente al argumento de que otros países de la región ya bajaron la edad, Sánchez Alegre reconoció que "la mayoría de los países tienen 14 años como edad mínima", pero llamó a observar los resultados.

"Nosotros tenemos aproximadamente cinco homicidios cada 100.000 habitantes. En tanto que Brasil y México tienen un promedio de 23 homicidios cada 100.000 habitantes", señaló. "Hablemos con los datos concretos que tenemos", insistió.

Vulnerabilidad y "doble castigo"

El especialista sostuvo que, en la mayoría de los casos graves, los adolescentes presentan "múltiples vulneraciones de derechos: educación, salud, vivienda, alimentación". Por eso evocó la teoría del "doble castigo", elaborada por la Corte Interamericana en el caso Villagrán Morales: "Los Estados no evitan que los adolescentes sean lanzados a la miseria y, además, cuando cometen delitos, los vuelven a castigar".

Consultado sobre la relación entre delito y pobreza, fue contundente: "Muchísimo. Un porcentaje muy alto corresponde a adolescentes con múltiples vulneraciones de derechos".

Prevención antes que reacción

"Si tengo un hijo, a mí realmente no me sirve que el autor vaya preso. Yo lo que quiero es que a mi hijo no lo maten", reflexionó. Y agregó: "Esta ley lo que dice es: vamos a actuar después. Yo digo, ¿por qué no focalizamos la atención antes?".

También incorporó fundamentos neurocientíficos: "Está totalmente demostrado que el cerebro de los adolescentes termina de desarrollarse a partir de los 21 años. Los lóbulos frontales, encargados del control de los impulsos, no están totalmente desarrollados".

¿Funciona el sistema actual?

Sobre el funcionamiento vigente, explicó que cuando un adolescente comete un delito grave se activa un abordaje integral con psicólogos, trabajadores sociales, tratamientos de adicciones y programas de reinserción educativa.

"¿Funciona? A veces funciona y a veces no", admitió. "Tuvimos muchos casos que funcionaron y muchos casos que no funcionaron. Pero eso no nos va a detener para que tratemos de actuar en este sentido".

Para Sánchez Alegre, el debate no debería centrarse exclusivamente en la edad, sino en el modelo de respuesta estatal: "Siempre hay un porcentaje de delincuencia en toda sociedad moderna. El tema es ver que ese porcentaje se puede evitar, pero no una vez que se cometió, sino prevenir, actuar antes y no con posterioridad".