Congreso Nacional

Financiamiento universitario: suman el tema a las sesiones extraordinarias

El Ejecutivo prorrogó hasta el 28 de febrero el período legislativo especial y enviará un proyecto para modificar la Ley 27.795. Busca evitar que iniciativas en debate pierdan estado parlamentario y encauzar el conflicto con las universidades sin afectar el equilibrio fiscal.

El Gobierno nacional resolvió prolongar las sesiones extraordinarias del Congreso con el objetivo de asegurar el tratamiento de los proyectos incluidos en el temario y sumar una iniciativa propia sobre financiamiento universitario. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 103/2026, publicado en el Boletín Oficial, que extiende la convocatoria vigente hasta el 28 de febrero.

La medida amplía el plazo originalmente establecido por el Decreto 24 del 18 de enero de 2026 y agrega una jornada adicional al calendario legislativo. El movimiento apunta a evitar que determinadas propuestas debatidas en la última semana del mes queden sin efecto por cuestiones reglamentarias. Según las normas internas de la Cámara de Diputados, si restan diez días o menos para el cierre del período, los dictámenes emitidos en ese tramo pierden eficacia práctica.

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En paralelo, el presidente Javier Milei confirmó que incorporará al temario la "consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente", una iniciativa que será enviada por el Poder Ejecutivo. El objetivo es rediscutir el esquema vigente y adecuarlo a los lineamientos fiscales de la actual administración.

La inclusión del tema universitario se produjo luego de que el Gobierno apelara la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley aprobada a mediados de 2025. En la Casa Rosada consideran necesario redefinir el marco normativo para evitar que el conflicto escale en el plano judicial y político, como ocurrió entre 2024 y 2025, cuando las universidades encabezaron masivas protestas, incluida una segunda marcha federal en septiembre de 2025 tras el veto presidencial.

En Balcarce 50 se muestran confiados respecto de la posibilidad de avanzar con los proyectos priorizados durante el receso estival. Si bien el reglamento parlamentario establece que cualquier ampliación del temario debe votarse en el recinto, existen antecedentes de iniciativas incorporadas por decreto sin una aprobación expresa previa, lo que facilitaría el tratamiento del nuevo texto.

En los últimos días, funcionarios del área educativa mantuvieron reuniones con representantes del sistema universitario. El secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se encontraron con Carlos Greco, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) e integrante de su Comité Ejecutivo. Según trascendió, los encuentros buscaron avanzar en un esquema de actualización presupuestaria que brinde previsibilidad a las casas de estudio y, al mismo tiempo, respete las metas fiscales del Gobierno.

Desde el oficialismo remarcan que cualquier modificación debe encuadrarse en la estrategia de equilibrio de las cuentas públicas. La intención es reemplazar la normativa anterior por un texto que cuente con respaldo legislativo y sea compatible con el programa económico. "Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable", señaló una fuente oficial.

En el plano judicial, la Procuración del Tesoro presentó un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que la apelación contra la ley votada en 2024 tenga efecto suspensivo. De ese modo, el Ejecutivo busca ganar margen para discutir un nuevo marco legal alineado con las reglas fiscales vigentes mientras se resuelve la cuestión en tribunales.

La extensión de las extraordinarias se inscribe en una agenda más amplia. El Presidente aspira a que la reforma laboral obtenga sanción definitiva antes del 1 de marzo, fecha prevista para la Apertura de Sesiones Ordinarias, cuando presentará ante la Asamblea Legislativa su plan de gobierno para el año. Hasta ahora, el Ejecutivo consiguió media sanción para esa reforma y avances en la Ley Penal Juvenil y en el acuerdo con el Mercosur. En ese esquema, el rediseño del financiamiento universitario aparece como una pieza clave para encarar el nuevo período parlamentario con los principales frentes legislativos encaminados.