Multan a Millán SA por diferencias de precios entre la góndola y la caja
El Decreto 90 del Ministerio de Producción ratificó la sanción aplicada a la empresa por cobrar precios distintos a los exhibidos. El Ejecutivo provincial desestimó el planteo jerárquico y dejó firme la penalidad.
El Gobierno de Mendoza dejó firme la multa impuesta a la firma MILLÁN S.A. por infracciones vinculadas a diferencias entre el precio exhibido en góndola y el efectivamente cobrado en caja. A través del Decreto Nº 90, firmado el 22 de enero de 2026 por el gobernador Alfredo Cornejo, se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico presentado por la empresa y se confirmó en todos sus términos la Resolución 170/25 del Ministerio de Producción.
El planteo había sido presentado por Elodia Millán, en representación de la compañía, contra la sanción previamente ratificada por la cartera productiva. Sin embargo, el Ejecutivo provincial consideró que el recurso cumplía con los requisitos formales de admisibilidad -ya que fue interpuesto en tiempo y forma- pero no aportaba fundamentos nuevos que justificaran revisar la decisión administrativa.
La infracción fue constatada mediante el acta Nº 00002470, donde inspectores verificaron una discrepancia entre el valor informado en góndola y el monto final cobrado al consumidor. Esa conducta encuadra en el artículo 11 del Decreto Nacional 274/2019, que regula la lealtad comercial y la correcta información de precios, y habilita la aplicación de sanciones conforme lo establecido en su artículo 57 inciso b).
En el decreto se subraya que el acta labrada por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial reúne los requisitos legales y acredita la existencia de la irregularidad. Además, se señala que el monto de la multa se encuentra dentro de los parámetros vigentes, actualizados por la Resolución 48/2024 de la Secretaría de Comercio Interior, que fijó el valor de la unidad móvil prevista en la Ley 27.442.
Desde el punto de vista administrativo, el rechazo implica que la resolución sancionatoria queda firme y agota la vía jerárquica en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial.
La decisión se inscribe en la política de control de precios y fiscalización comercial que impulsa el Ministerio de Producción, con foco en la transparencia en la información al consumidor y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de exhibición y cobro de precios.