El paro de la CGT impacta en la economía: casi $700 mil millones en juego

El paro general convocado para este 19 de febrero tendrá un costo económico estimado en $696.268 millones, lo que equivale a U$D 489 millones -casi U$D 500 millones- tomando como referencia el tipo de cambio oficial de $1.425 por dólar vigente al 18 de febrero de 2026.

La proyección corresponde al Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y representa el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) previsto para febrero. Si se mide en términos de una jornada habitual de actividad, el impacto equivale al 20,3% del PBI que se generaría en un día normal.

El cálculo es preliminar y considera únicamente pérdidas directas, descontando las recuperaciones parciales que podrían registrarse en las semanas posteriores. Según el informe, cerca del 60% de la actividad inicialmente afectada se compensaría dentro del mes siguiente, ya sea por reprogramación de operaciones o por normalización de servicios. El resto, sin embargo, se pierde de manera definitiva.

INECO advierte que el costo total puede variar de acuerdo con el nivel de adhesión. El rango estimado oscila entre U$D 400 millones y U$D 600 millones. La amplitud responde, sobre todo, al comportamiento del transporte público, señalado como el principal factor que amplifica el impacto económico.

Si colectivos, trenes y subtes no se sumaran a la medida de fuerza, la pérdida se reduciría de forma drástica hasta aproximadamente U$D 180 millones. Esto implica que más de la mitad del daño proyectado está vinculado directa o indirectamente con la movilidad urbana y la imposibilidad de trasladar trabajadores y consumidores.

El análisis parte de la premisa de que el efecto no es homogéneo. No todas las actividades ni todas las regiones afrontan el mismo nivel de afectación. Entre los rubros más golpeados aparecen la industria manufacturera, la construcción, el comercio y los servicios de enseñanza y salud. En estos sectores, la recuperación es parcial o implica mayores costos operativos, lo que limita la compensación de la jornada perdida.

En el comercio, por ejemplo, se calcula que podría recuperarse alrededor del 30% de las ventas no concretadas durante el paro. En restaurantes, en cambio, la recuperación sería nula: lo que no se factura ese día no se traslada a jornadas posteriores. Esta dinámica sectorial explica por qué el estudio evita promedios generales y analiza el impacto rubro por rubro.

La industria y la construcción enfrentan, además, complicaciones adicionales. La interrupción de procesos productivos, la paralización de obras y la reprogramación de entregas generan sobrecostos y pérdida de eficiencia, incluso cuando parte de la producción pueda completarse más adelante.

El informe también subraya que febrero es un mes de menor intensidad económica, lo que atenúa levemente el efecto respecto de lo que ocurriría en períodos de mayor actividad. La estacionalidad, en este caso, juega a favor de una reducción marginal del daño.

Para elaborar la estimación, INECO tomó como referencia, antecedentes de paros generales realizados en mayo y octubre de 2024 y en abril de 2025, lo que permitió proyectar el comportamiento sectorial frente a medidas de fuerza similares.

Desde el punto de vista macroeconómico, una caída de U$D489 millones en un solo día evidencia la sensibilidad de la actividad ante interrupciones generalizadas. Aunque el 60% pueda recuperarse dentro del mes siguiente, el efecto inmediato implica menor producción, menor facturación y menos ingresos en el corto plazo.

En términos fiscales, la merma en la actividad podría traducirse en una reducción transitoria de la recaudación, especialmente en tributos vinculados al consumo y a la producción. Si bien el informe no cuantifica ese impacto, es una consecuencia directa de la contracción en la facturación.

El estudio aclara que se trata de una estimación basada en la proyección del PBI de febrero de 2026 y que el número final podría ajustarse cuando se disponga de datos efectivos sobre el nivel de acatamiento y el desempeño real de cada sector.

Más allá del debate político y sindical, la cifra de $696.268 millones funciona como parámetro de la magnitud económica de una jornada sin actividad plena en la Argentina de 2026. Un dato que reaviva la discusión sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y el costo que implica para una economía que busca consolidar su recuperación.

Con información de El Cronista