El derrumbe del Ecosistema de la Salud: ¿Cuál es el rol de Estado?

En laArgentina, el derecho a la salud está garantizado por la Constitución Nacionaly por numerosos tratados internacionales de jerarquía constitucional. En lospapeles, no hay duda: toda persona tiene derecho a acceder a la atención médicaintegral, a tratamientos oportunos y a servicios que preserven su bienestar físicoy mental. Sin embargo, entre la letra de la ley y la realidad cotidiana hay unabismo. Ese derecho, que debería ser universal y garantizado por el Estado, seha convertido en un privilegio que depende, en gran medida, de la capacidadeconómica individual.

El contrastecon otros países es evidente. En Canadá, en España o en Inglaterra, el Estadocumple efectivamente el rol de garante. Los sistemas públicos de salud cubrenlo esencial -consultas, estudios, cirugías, tratamientos, medicamentos costosos-con calidad y previsibilidad. Los seguros privados existen, pero su función escomplementar lo público: agregar hotelería, reducir tiempos de espera o brindarservicios especiales. En la Argentina, en cambio, el seguro privado sustituyeal Estado. La población no lo contrata por comodidad o lujo, sino pornecesidad. Es una estrategia de supervivencia frente a un sistema público queno logra garantizar ni lo básico.

Lanaturalización de esta ausencia estatal se ha vuelto casi cultural. Nadieespera que el hospital público resuelva un tratamiento complejo sin demorasinterminables, ni que una guardia funcione sin saturación. Esa desconfianza seha filtrado incluso en el ámbito judicial. La mayoría de los fallos porincumplimientos en materia de salud recaen sobre las obras sociales o lasempresas de medicina prepaga, casi nunca sobre el Estado. Cuando una personainterpone un recurso de amparo para obtener una medicación, una cirugía o unainternación, el juez casi siempre condena al prestador privado, aunque seaevidente que el sistema público no brindó la cobertura que debía.

Esa dinámicarevela algo profundo: hemos naturalizado que el Estado no cumple y, más grave aún,parece no estar obligado a nada, sobre todo si hay alguien a quien echarle todala responsabilidad. Y lo más preocupante es que aparentemente nadie seinterroga sobre a dónde va todo lo que pagamos para recibir casi nada. Merefiero a los impuestos que todas las personas pagamos justamente para tener elacceso a la salud constitucionalmente garantizado por el Estado. Se asume que elciudadano, para ejercer su derecho a la salud, debe buscar una coberturaprivada. Lo paradójico es que todos seguimos financiando al Estado a través deimpuestos destinados a salud pública, pero terminamos pagando dos veces: una alFisco, otra a la prepaga u obra social.

El derecho ala salud no puede depender del poder adquisitivo individual. Es necesariorevisar el rol del Estado, tanto en su capacidad de prestación directa como ensu función reguladora y garante. Revertir la naturalización de su ausencia esel primer paso: volver a exigirle al Estado que cumpla su mandatoconstitucional.

Porquemientras los jueces sigan condenando a las prepagas y obras sociales (privandoal resto de los aportantes al sistema privado por los altos costos que seasumen sin restricciones), dejando indemne al principal responsable, que es elEstado, y mientras el ciudadano siga pagando dos veces por lo mismo (a travésde sus impuestos y su aporte al sistema privado), continuando las políticas públicasausentes o descoordinadas, el derecho a la salud en Argentina será apenas unapromesa vacía. El verdadero ausente en esta historia no es el médico, ni laobra social, ni la prepaga.

El verdaderoausente es el Estado.

RicardoLilloy es Presidentede Medimás- Vicepresidente de la Cámara Argentina de Entidades de Salud (CEMPRA).