Diputados abre el debate por los cambios en la Ley de Glaciares
El oficialismo busca llevar el proyecto al recinto la próxima semana. La oposición y organizaciones ambientales reclaman audiencias amplias y advierten sobre una posible reducción en la protección vigente.
La Cámara de Diputados iniciará el tratamiento del proyecto que modifica la Ley de Glaciares, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que el oficialismo pretende convertir en ley en los próximos días. La bancada de La Libertad Avanza impulsa un cronograma acelerado con la intención de debatirlo en el recinto el jueves 12 de marzo.
El análisis estará a cargo de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, encabezadas por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz. Según el esquema previsto, esta semana comenzará la discusión técnica; el martes 10 se realizarán audiencias para recibir a especialistas y representantes de distintos sectores, y el miércoles 11 se firmarían los dictámenes que habilitarían la sesión.
En la Casa Rosada confían en sostener en Diputados los apoyos de los gobernadores que acompañaron la votación en el Senado. Sin embargo, en aquella instancia hubo matices dentro de espacios aliados: parte del PRO rechazó la propuesta y también se registraron votos disidentes y abstenciones de legisladores vinculados a mandatarios provinciales.
Reclamos por mayor participación
Desde la oposición surgieron cuestionamientos al ritmo del debate. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, junto a integrantes de otros bloques, solicitó formalmente que se garanticen audiencias públicas amplias antes de avanzar con la reforma. Argumentó que cualquier modificación a un régimen de presupuestos mínimos ambientales requiere instancias de participación real, transparencia y respeto por el principio de no regresión en materia ambiental.
El planteo también fue respaldado por legisladores de distintos espacios que advirtieron sobre la necesidad de un debate técnico profundo, dado que la norma vigente protege reservas estratégicas de agua y ecosistemas de alta sensibilidad.
A ese reclamo se sumaron organizaciones como Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace Argentina y Aves Argentinas, entre otras entidades ambientales y académicas. Las instituciones remarcaron que la ley actual constituye una herramienta clave de ordenamiento territorial y que cualquier cambio debe cumplir con los estándares de participación previstos tanto en la propia norma como en el Acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina mediante la Ley 27.566.
En particular, señalaron que ese tratado obliga a garantizar procesos participativos con plazos razonables y acceso a información adecuada cuando se revisan políticas ambientales que puedan tener impacto significativo.
Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que la reforma busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, especialmente en provincias cordilleranas como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. El proyecto habilita la posibilidad de realizar actividades como minería o explotación hidrocarburífera en glaciares que no sean considerados estratégicos desde el punto de vista hídrico, una opción actualmente vedada por la legislación vigente.
El debate recién comienza en Diputados, pero ya anticipa una discusión de alto voltaje político y ambiental en el arranque del período ordinario del Congreso.