Rus defendió cambios en flagrancia tras el caso de Las Heras
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza expuso ante legisladores los fundamentos del proyecto para modificar el régimen de flagrancia y agilizar la respuesta judicial en delitos cometidos en el momento.
La iniciativa del Poder Ejecutivo busca modificar el Código Procesal Penal para optimizar la investigación y resolución de hechos en los que el autor es sorprendido durante la comisión del delito o inmediatamente después, ampliando los plazos para la imputación y ordenando el tratamiento de las medidas de coerción en una misma audiencia.
Durante su exposición ante legisladores, la ministra de Seguridad y Justicia explicó los fundamentos del proyecto y expuso casos concretos para ilustrar las limitaciones del sistema vigente.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, defendió ante legisladores la reforma al régimen de flagrancia del Código Procesal Penal de Mendoza, una iniciativa del Poder Ejecutivo orientada a agilizar la respuesta penal en delitos en los que el autor es sorprendido al momento de cometer el hecho o inmediatamente después.
Durante su exposición, la ministra explicó que el instituto de flagrancia ya se encuentra previsto en la normativa vigente, pero en la práctica casi no se utiliza debido a los plazos actuales del procedimiento. "El régimen de flagrancia ya está instituido hoy en el Código Procesal Penal, pero no se usa", afirmó.
Para fundamentar la necesidad de la reforma, Rus tomó como ejemplo el hecho ocurrido recientemente en Las Heras, donde un presunto ladrón murió luego de ser atropellado por un vecino que lo perseguía tras el robo de una bicicleta. Según señaló, "se trata de un caso sensible, con dos víctimas y que lamentamos, porque además, se llevó una vida".
En ese marco, remarcó la importancia de avanzar con cambios normativos que permitan actuar con mayor rapidez en este tipo de situaciones. "La reforma de flagrancia permitirá lograr procedimientos rápidos para los casos en los que una persona es hallada en el momento del delito. De hecho, en el caso de Las Heras, la persona que fallece tenía dos causas en donde fue aprehendida en flagrancia. Quizás, si hubiéramos tenido esta ley que estamos tratando ahora, ya habría estado condenado", señaló Rus.
"De ahí la importancia de darle espacio desde lo legal y desde lo jurídico a este tipo de procedimientos", agregó. La ministra también explicó que el concepto de flagrancia es más amplio de lo que muchas veces se interpreta. "La flagrancia es un concepto amplio, no se refiere solo al hecho cuando el delincuente es sorprendido cometiendo el delito", indicó.
De acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal, se considera flagrante no solo cuando el autor es sorprendido durante la comisión del delito, sino también, cuando es advertido al intentar cometerlo o inmediatamente después, mientras es perseguido por la víctima o por la fuerza pública, o cuando existen indicios que permiten establecer que acaba de cometer el hecho.
"Se considera flagrancia cuando el hecho es advertido al intentar cometer el delito, al momento de cometerlo o inmediatamente después, mientras es perseguido por la fuerza pública o la víctima, o cuando tiene objetos que evidencian que acaba de cometerlo", precisó. En ese marco, Rus subrayó que el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia también contribuye a acreditar este tipo de situaciones. Según detalló, el sistema de lectores de patentes realiza alrededor de nueve millones de lecturas mensuales, lo que permite detectar vehículos vinculados a alertas judiciales o policiales.
Además, indicó que la tecnología de monitoreo tiene un impacto directo en las aprehensiones. "En las aprehensiones y detenciones, el veinticinco por ciento tiene que ver con el sistema de cámaras. Es decir, uno de cada cuatro detenidos surge a partir de este sistema", destacó.
La reforma impulsada por el Ejecutivo propone ampliar el plazo con el que cuenta el fiscal para formular la imputación en estos casos, que actualmente es de un día hábil desde la aprehensión, un tiempo que -según explicó Rus- resulta insuficiente para reunir pruebas básicas. La iniciativa plantea extender ese plazo a diez días hábiles, con la posibilidad de una prórroga por otros diez mediante decreto fundado cuando sea necesario producir pruebas.