Avanza la reforma de la ley de flagrancia
El procurador Alejandro Gullé trabaja en la creación de una unidad con cuatro fiscales dedicada a investigar delitos cometidos en flagrancia. La iniciativa está atada al proyecto que impulsa la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, para agilizar estos procesos.
Mientras en la Legislatura se discute la reforma de la ley de flagrancia impulsada por el Gobierno provincial, el Ministerio Público Fiscal ya comienza a preparar la estructura que permitirá aplicar ese nuevo esquema. El procurador Alejandro Gullé adelantó que trabaja en la creación de una fiscalía específica para investigar delitos en los que el sospechoso es detenido en el mismo momento en que comete el hecho.
La iniciativa busca acelerar la resolución de este tipo de causas, que suelen involucrar robos u otros delitos menores en los que el autor es sorprendido en el acto. Según explicó Gullé, la futura unidad contará con al menos cuatro fiscales y sus respectivos ayudantes, y podría convertirse en una de las dependencias con mayor volumen de trabajo dentro del sistema judicial.
De aprobarse la reforma legal, el objetivo es que el nuevo esquema pueda comenzar a funcionar dentro de unos seis meses.
El debate sobre la modificación de la ley volvió a instalarse tras el caso ocurrido en Las Heras, donde un hombre persiguió y atropelló a un ladrón que había ingresado a su vivienda, golpeado a una mujer y escapado con una bicicleta. El fallecido tenía antecedentes de detenciones en flagrancia, lo que reavivó el planteo oficial sobre la necesidad de agilizar estos procesos judiciales.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus sostuvo ante legisladores que el actual marco legal dificulta la investigación de estos casos. Según explicó, hoy el fiscal dispone de apenas un día hábil desde la aprehensión del sospechoso para formular la imputación, un plazo que calificó como insuficiente para reunir pruebas básicas.
El proyecto que impulsa el Ejecutivo propone ampliar ese tiempo a diez días hábiles, con la posibilidad de extenderlo por otros diez si es necesario producir más evidencia. La intención es evitar que causas se caigan por falta de pruebas o errores procesales.
Gullé coincidió en que el sistema actual presenta limitaciones y reconoció que, en algunos casos, los fiscales evitan tomar causas de flagrancia por la dificultad de reunir pruebas en plazos tan breves.
Otro de los argumentos que utilizó el Gobierno para defender la reforma es el creciente rol de la videovigilancia en la detección de delitos. Según datos del Ministerio de Seguridad, cerca del 25% de las detenciones en flagrancia se concretan gracias al monitoreo de cámaras policiales.
Además, ese sistema permitió recuperar alrededor del 10% de los vehículos robados. Rus explicó que, aunque una persona encontrada con un auto sustraído no siempre puede ser vinculada directamente con el robo, sí puede ser imputada por encubrimiento si es detectada en una situación flagrante.
Para ilustrar el funcionamiento del sistema, la ministra presentó en la Legislatura distintos registros de cámaras de seguridad que muestran intervenciones policiales en tiempo real, donde los sospechosos fueron detenidos con los objetos que intentaban sustraer.
Con ese contexto, el Gobierno busca acelerar la aprobación de la reforma legal y, en paralelo, el Ministerio Público ya avanza en el diseño de la estructura que deberá aplicar el nuevo modelo de investigación para los delitos cometidos en flagrancia.