Adaro explicó su disidencia en el caso de los pozos de Agrelo: "El Estado generó confianza y no puede cambiar las reglas años después"

El juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Mario Adaro, defendió su voto en disidencia en el caso por la entrega de agua subterránea en Agrelo y sostuvo que el punto central del conflicto radica en la responsabilidad del propio Estado al habilitar las inversiones que luego quedaron en discusión judicial.

En una entrevista radial, el magistrado explicó que su postura se basó en el principio de confianza legítima en los actos estatales y en el paso del tiempo, que terminó consolidando una situación económica y productiva.

"El Estado en un organismo que se llama superintendencia de irrigación le dijo a esta asociación integrada por empresas que podían hacer esto con este excedente de agua", explicó. Y agregó que incluso hubo un plazo concreto para concretar las inversiones: "No solo le dijeron que había que invertir, sino le dijeron: ‘Hágalo en 24 meses'".

Según Adaro, esa habilitación inicial generó expectativas jurídicas que no pueden ser desconocidas años después. "Para mí la confianza en el Estado, los actos propios del Estado, la legalidad que el Estado hizo durante mucho tiempo consolidó una situación fáctica real de inversión que debe ser reconocida", afirmó en el programa "A pesar de las llamas" por Radio Post.

El juez también hizo hincapié en la contradicción administrativa que originó el conflicto. Recordó que el organismo primero permitió el uso del recurso y luego revisó su propia decisión.

"Durante tres años le dijeron eso y después cambian las personas de esa institución del Estado y le dicen: ‘No, la verdad vamos a evaluar si estaba mal'", sostuvo.

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El peso del tiempo en el conflicto

Otro de los ejes de su análisis fue la demora judicial. El expediente tardó más de una década en resolverse en la Corte, algo que el propio magistrado consideró problemático.

"Los tiempos consolidan situaciones. Cuando la justicia llega tarde, genera consecuencias negativas", advirtió.

Adaro reveló incluso que uno de los votos de la sentencia estaba redactado desde hacía años. "Un juez me confió hace tres días que él su voto lo firmó hace cuatro años. O sea, el voto de ese juez estaba ya hace cuatro años", relató.

A esa demora se suma la que ocurrió en la etapa administrativa. Según explicó, el propio organismo regulador tardó años en modificar su posición inicial. "No solo pasan 13 años en la Corte, sino que pasan casi tres años para que Irrigación le diga a estas empresas todo lo contrario de lo que les había dicho antes", señaló.

Para el magistrado, ese funcionamiento revela un problema estructural del sistema institucional. "El sistema está muy mal desde el principio en este caso", afirmó.

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Diferencias con el voto mayoritario

La sentencia finalmente adoptada por la Corte fue distinta a su postura. El fallo mayoritario sostuvo que hubo irregularidades en el otorgamiento de los permisos, aunque permitió que las inversiones continúen mediante un mecanismo de compensación económica destinado a financiar obras hídricas.

Según su explicación, la decisión mayoritaria reconoce que existieron irregularidades, pero al mismo tiempo intenta preservar las inversiones ya realizadas.

"El voto de mayoría dice: usted ha hecho esta inversión hace 15 años y ha generado una mejora en la situación económica de Mendoza. Entonces ahora tiene que hacer la devolución económica necesaria para financiar obras hídricas que permitan recuperar ese caudal de agua", detalló el magistrado.

El mecanismo toma como referencia el régimen utilizado en la cuenca del río Mendoza para obras vinculadas al sistema hídrico y a proyectos como Potrerillos.

El debate sobre la legalidad del origen

Sin embargo, el magistrado insistió en que, a su criterio, las decisiones originales se tomaron dentro del marco legal vigente.

"A simple vista todo es legal. La asociación es legal y la norma vigente le daba prioridad a una asociación civil para el uso del agua", sostuvo.

En ese sentido, planteó que si se consideraba que existía fraude o irregularidad, debía haberse investigado en su momento. "Si alguien creía que eso no estaba bien, tenía que ir a hacer una discusión penal o civil y decir que hubo un fraude procesal o una estafa. Eso no lo ha hecho nadie", afirmó.

Por ese motivo concluyó que las inversiones se realizaron bajo una expectativa legítima generada por el propio Estado.

"Para mí todo lo que se hizo en ese momento fue legítimo", afirmó.

Autocrítica al sistema judicial

Más allá de la discusión jurídica puntual, Adaro también realizó una autocrítica sobre el funcionamiento de la justicia.

"Cuando llegamos tarde, la decisión no es la mejor", reconoció.

Y agregó que los procesos judiciales suelen ser más complejos de lo que se percibe desde afuera. "Siempre se habla de los tiempos que se toma la justicia, como si hubiera un solo lado del mostrador. Pero también hay prácticas procesales de quienes litigan que pueden favorecer o ralentizar los procesos", explicó.

Aun así, insistió en que el sistema necesita modernizarse. "Hoy tenemos tecnología, transparencia y herramientas para hacer mucho más ágil cualquier proceso. No tenemos justificativo para demoras de este tipo", concluyó.