La Justicia rechazó ampliar las audiencias y se limita la participación
Más de 100.000 personas se inscribieron para intervenir en el debate, pero solo unas 400 podrán exponer en Diputados tras el fallo que desestimó el pedido de organizaciones ambientalistas para extender las audiencias públicas.
La reforma de la Ley de Glaciares continúa su curso en la Cámara de Diputados en medio de cuestionamientos por la limitada participación en las audiencias públicas. Luego del fallo judicial que rechazó la ampliación solicitada por organizaciones ambientalistas, menos del 0,4% de los inscriptos podrá tomar la palabra durante las jornadas previstas para el 25 y 26 de marzo.
El pedido había sido impulsado por Greenpeace, que reclamaba garantizar la participación oral de todos los anotados, además de evitar que las intervenciones fueran reemplazadas por presentaciones escritas o audiovisuales. También solicitaban la presencia de veedores judiciales para supervisar el proceso.
La solicitud fue finalmente rechazada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7, lo que ratificó el esquema previsto por el Congreso. En paralelo, algunos diputados habían advertido que restringir la participación podría derivar en cuestionamientos legales sobre la validez del proceso legislativo.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, introduce cambios en la Ley de Protección de Glaciares, incluyendo la posibilidad de que autoridades locales definan qué áreas son consideradas estratégicas y participen en la actualización del Inventario Nacional de Glaciares.
Tras conocerse la decisión judicial, desde el oficialismo defendieron el proceso al sostener que se ajusta a los estándares de participación del Acuerdo de Escazú y que se garantizaron distintas vías para que la ciudadanía pueda expresarse.
Mientras avanza el tratamiento legislativo, el debate sigue atravesado por tensiones entre el impulso de la reforma y las críticas por la escasa participación efectiva en una discusión clave en materia ambiental.