Psiquiatras respaldan cambios a la ley de salud mental y advierten que la norma actual "dejó a mucha gente desamparada"

Mientras el Gobierno nacional prepara un proyecto para modificar la ley de salud mental vigente desde 2010, especialistas del área comenzaron a plantear sus críticas al funcionamiento de la normativa actual. Uno de ellos es el psiquiatra Ricardo Corral, quien advirtió que la legislación terminó generando obstáculos para la atención de pacientes.

En diálogo con el programa "A pesar de las llamas" por Radio Post, el profesional -que trabaja en el Hospital Borda de Buenos Aires- aseguró que, si bien la ley nació con una intención positiva vinculada a la defensa de los derechos humanos, su aplicación generó problemas en el sistema de atención.

"Tuvimos conversaciones con distintas gestiones y fuimos recibidos en las comisiones de salud del Senado y Diputados y en el Ministerio de Salud. Lo que planteamos es nuestra gran preocupación por lo que pasó en estos últimos 15 años, donde una ley que tenía un objetivo positivo terminó siendo al revés y dejó a mucha gente desamparada", afirmó.

Según explicó, uno de los principales puntos en discusión es el régimen de internaciones involuntarias.

"La ley actual habla de internar solo como último recurso y cuando hay ‘riesgo cierto e inminente'. Esa frase es poco feliz, porque la conducta humana es impredecible y muchas veces el riesgo no es inmediato sino potencial", sostuvo.

El especialista comparó la situación con otras áreas de la medicina. "Si una persona llega a una guardia con dolor en el pecho y el cardiólogo decide internarla en una unidad coronaria, nadie lo discute. En psiquiatría pasa lo contrario: todo el mundo opina aunque sea una cuestión técnica", explicó.

Para Corral, el problema se vuelve más grave cuando los pacientes rechazan el tratamiento. "Hoy una persona mayor de edad puede decir ‘no me interno' y no se interna. Las familias padecen y sufren esta ley", remarcó.

Debate sobre el concepto de enfermedad mental

Otro de los puntos que podría cambiar en el proyecto oficial es el lenguaje utilizado en la normativa. Según explicó el psiquiatra, la legislación vigente utiliza el término "padecimiento mental", mientras que la propuesta buscaría alinearse con la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Para Corral, esa modificación ayudaría a evitar confusiones.

"Hablar de ‘padecimiento mental' invisibiliza la enfermedad mental. No es lo mismo sufrir por una ruptura amorosa que tener esquizofrenia, Alzheimer o trastorno bipolar. Esas son enfermedades que requieren tratamiento médico", explicó.

El psiquiatra también señaló que los prejuicios sociales siguen siendo una barrera para acceder a tratamientos.

"Hay gente que cree que la depresión es una cuestión de voluntad. Pero si una persona es diabética, por más voluntad que tenga la glucemia no va a bajar. Con la depresión pasa algo similar", sostuvo.

Hospitales psiquiátricos y debate ideológico

La ley vigente también promovía el cierre progresivo de hospitales psiquiátricos especializados, una medida que para Corral fue un error.

"Es un disparate pensar que uno va a cerrar un lugar donde se hace atención especializada cuando no hay otro lugar para atender", afirmó.

El médico señaló que durante los últimos años incluso faltaron camas para internación. "Pasó algo parecido a lo que ocurrió con las terapias intensivas durante la pandemia: faltaban lugares para atender a quienes lo necesitaban", indicó.

En su opinión, detrás de ese planteo hubo más ideología que criterios médicos.

"El tema fundamental fue la ideología y no la ciencia. Cuando hay ideología, el prejuicio no cede, porque se sostiene una opinión sin fundamento", afirmó.

Consumos problemáticos y salud mental

Durante la entrevista también se abordó el impacto de las adicciones y los consumos problemáticos en la salud mental. Corral señaló que el problema no se limita a las drogas ilegales.

"El 15% de la sociedad tiene problemas con el consumo de alcohol", advirtió.

Además, mencionó otras conductas que pueden derivar en adicciones. "Cuando se habla de consumos problemáticos se piensa en marihuana o cocaína, pero también está el juego. Y sin embargo vemos publicidad permanente para apostar", señaló.

Para el psiquiatra, existe una contradicción social en este punto.

"Promocionamos enfermedad en vez de promocionar salud. Se habla de vida sana, pero al mismo tiempo se publicitan alcohol, juego o comida chatarra", planteó.

Adolescencia, redes sociales y violencia

Otro tema que generó preocupación fue la situación de niños y adolescentes, especialmente tras episodios recientes de violencia en escuelas argentinas.

Corral sostuvo que el fenómeno debe analizarse en un contexto social más amplio.

"La pregunta no es solo qué les pasa a los adolescentes, sino qué nos está pasando como sociedad", afirmó.

Según explicó, el impacto de las redes sociales y la tecnología todavía está siendo estudiado por la ciencia.

"Las redes pueden generar adicción y también déficits cognitivos en el desarrollo intelectual", advirtió.

Finalmente, el especialista consideró que el rol de la familia sigue siendo central.

"Quédense a cenar con sus hijos, hablen, dialoguen y traten de entender qué es lo que sucede. Los chicos viven en una familia, van a la escuela, escuchan noticias y están en redes. Todo eso influye", concluyó.

Mientras el Gobierno prepara el envío del proyecto al Congreso, el debate sobre la reforma de la ley de salud mental promete volver al centro de la agenda sanitaria y política en el país.

El comunicado oficial del ministerio de Salud de la Nación

El Gobierno nacional presentará un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental

El objetivo es actualizar la ley sancionada en 2010 para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante situaciones a las que la antigua ley no terminaba de dar respuesta. Se busca facilitar su aplicación en todo el país y poder intervenir de manera oportuna en situaciones de riesgo.

El Poder Ejecutivo presentará en el Senado un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, N° 26.657. La propuesta legislativa busca mejorar la respuesta del sistema sanitario ante situaciones que bajo la ley actual no encuentran suficiente amparo, superar las dificultades en su implementación y modernizar la ley en base a la realidad asistencial del país.

Para identificar los principales obstáculos del marco legal vigente, se relevaron aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo. De esta manera, se pudieron detectar dificultades concretas vinculadas a la implementación desigual en las diferentes provincias del país y a la falta de criterios claros para actuar de manera certera y oportuna ante situaciones de riesgo, tanto para las personas con trastornos severos, como para sus familias.

Luego de 15 años desde su reglamentación, tan solo 16 jurisdicciones han adherido formalmente a la ley vigente. Por otro lado, únicamente 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas para internación. Esto genera desigualdades en el acceso a los servicios, especialmente en las regiones con menos recursos. Para dar respuesta a esta situación, el proyecto propone habilitar las internaciones en hospitales generales para casos leves, y reservar los hospitales e instituciones especializadas para cuadros graves. De esta manera se busca evitar situaciones en las que pacientes con cuadros complejos son atendidos en hospitales generales que, en muchos casos, no cuentan con los recursos adecuados para su tratamiento.

Otro de los puntos que propone actualizar el nuevo proyecto son los criterios de internación. En lo que refiere a las internaciones involuntarias, la normativa actual establece que solo puede disponerse cuando existe un "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros". Ahora bien, este criterio tiene en cuenta únicamente la situación del paciente al momento de la evaluación médica, impidiendo, en muchas ocasiones, intervenciones preventivas en contextos de crisis. Por este motivo, la propuesta que se presentará ante senadores propone implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas, y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento.

Asimismo, se establece que uno de los médicos intervinientes en determinación de las internaciones involuntarias debe ser médico psiquiatra, a diferencia del esquema vigente que no establece su participación obligatoria en todas las evaluaciones. Lo que se busca mediante esta modificación es garantizar una evaluación clínica más completa y reducir el riesgo de confundir cuadros médicos con problemas exclusivamente de salud mental.

Cabe destacar que la internación seguirá siendo un recurso excepcional. En urgencias, el médico interviniente podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por el equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia.

En conjunto, las modificaciones propuestas apuntan a dotar al sistema de mayor capacidad de respuesta, mejorar la articulación entre dispositivos de atención y garantizar intervenciones más oportunas y efectivas frente a situaciones de riesgo en salud mental. La propuesta se inscribe en una política sanitaria que busca fortalecer las capacidades del sistema de salud, dotándolo de herramientas concretas para actuar con oportunidad, eficacia y responsabilidad frente a problemáticas complejas.