El juez Sarmiento enfrentará el jury desde el 21 de abril por decisiones que generaron polémica judicial
El proceso de destitución contra el suspendido magistrado Sebastián Sarmiento durará cuatro días y evaluará denuncias relacionadas con la liberación de un condenado que luego cometió un homicidio y con el uso de celulares en las cárceles.
El juicio político contra el suspendido juez penal Sebastián Sarmiento ya tiene fecha de inicio. El proceso se pondrá en marcha el martes 21 de abril, luego de que el Jury de Enjuiciamiento concluyera la etapa de recolección de pruebas presentadas por la defensa del magistrado.
La audiencia se desarrollará durante cuatro jornadas consecutivas y concluirá el viernes 24 de abril, cuando los 21 integrantes del tribunal encargado de evaluar la conducta de los magistrados definan si corresponde o no su destitución. El organismo está integrado por los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, junto con siete senadores y siete diputados provinciales.
Mientras se sustancia el proceso, Sarmiento permanece suspendido de su cargo como juez penal. De acuerdo con lo que establece la Ley 4970 que regula el funcionamiento del Jury, también tiene retenido el 50% de su salario mientras avanza la investigación por las denuncias en su contra.
Las denuncias que derivaron en el juicio político
El caso que desencadenó el pedido de destitución se originó en 2025, tras la denuncia presentada por familiares de Héctor Pelayes, un expolicía asesinado en Guaymallén durante un asalto ocurrido en septiembre de 2024.
El crimen fue cometido por un delincuente que se encontraba en libertad condicional. Durante el hecho, la víctima alcanzó a disparar contra el atacante, quien también murió en el enfrentamiento.
Ese episodio derivó en cuestionamientos hacia las decisiones judiciales que habían permitido que el agresor recuperara la libertad, lo que terminó impulsando el proceso disciplinario contra el magistrado.
Pero en el plano político, uno de los puntos que más controversia generó fue la postura del juez respecto del uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.
Según se le reprocha, Sarmiento avaló que los internos continuaran utilizando celulares en las cárceles de Mendoza aun después de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dispusiera restricciones cuando ya había finalizado la etapa más crítica de la pandemia.
La estrategia de defensa del magistrado
Durante los últimos meses, el expediente atravesó una serie de planteos y presentaciones impulsadas por el propio juez.
En un primer momento solicitó contar con la asistencia de un defensor oficial, aunque luego terminó asumiendo personalmente su representación, con el apoyo de una abogada particular.
Además, cuestionó distintas resoluciones del tribunal y presentó recusaciones contra varios de sus integrantes, aunque ninguno de esos planteos prosperó.
Como parte de su estrategia, el magistrado también propuso testigos vinculados al Poder Judicial y a organismos internacionales de derechos humanos.
Su principal argumento es que ningún juez puede ser removido del cargo por la forma en que interpreta la ley al momento de dictar una resolución judicial. Según sostiene, sus decisiones se ajustaron al marco legal vigente y no constituyen una causal de destitución.