Mendoza actualiza la ley de arbolado: más control provincial y nuevas obligaciones para los municipios
La norma redefine competencias, exige planes de manejo cada cuatro años y fija criterios técnicos para la poda, reposición y preservación del arbolado público en toda la provincia.
La Legislatura de Mendoza aprobó una modificación clave a la Ley de Arbolado Público N° 7874, con el objetivo de ordenar la gestión, reforzar los controles y establecer criterios comunes para el cuidado del patrimonio forestal urbano en todo el territorio provincial.
Uno de los cambios centrales es la redefinición de las jurisdicciones. A partir de ahora, el Estado provincial tendrá competencia sobre el arbolado ubicado en rutas, caminos y espacios bajo dominio provincial o nacional, incluyendo organismos como Vialidad e Irrigación. En tanto, los municipios conservarán el control exclusivo sobre el arbolado en sus propias jurisdicciones, aunque bajo lineamientos generales fijados a nivel provincial.
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En ese marco, la ley introduce una nueva obligación para las comunas: deberán elaborar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años. Ese programa deberá ajustarse a criterios técnicos definidos por la Provincia y contemplar las particularidades ambientales y territoriales de cada departamento. Además, los municipios estarán obligados a presentar un informe anual -antes del 31 de marzo- con el detalle de avances, resultados y eventuales modificaciones.
La normativa también fortalece el rol de la autoridad ambiental provincial, que será ejercida por la Subsecretaría de Ambiente a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. Entre sus funciones, se destacan la elaboración de políticas públicas, la fijación de estándares técnicos, la supervisión del cumplimiento de las normas y la aplicación de sanciones ante infracciones.
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A su vez, se establecen criterios más precisos para la planificación del arbolado. Entre ellos, la selección de especies adecuadas según el entorno urbano, la promoción del policultivo para evitar plagas, la reducción de podas innecesarias y la planificación escalonada de plantaciones para evitar la pérdida simultánea de ejemplares.
Otro punto relevante es que cualquier intervención sobre el arbolado -ya sea poda, tala o erradicación- deberá contar con autorización previa de la autoridad competente en cada jurisdicción. Incluso los organismos públicos deberán contar con aval jerárquico antes de solicitar este tipo de acciones dentro de sus predios.
La ley también promueve la educación ambiental en las escuelas, la participación ciudadana y la articulación entre organismos públicos y sectores productivos para la preservación del arbolado.