Reformas con aval del FMI: el Gobierno avanza con un esquema gradual y foco en mercado de capitales

El Gobierno delineó una estrategia progresiva para implementar las reformas y desregulaciones comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A diferencia de otros intentos de reformas integrales, en la Casa Rosada optaron por fragmentar la agenda en distintos proyectos de ley, con el objetivo de evitar superposiciones en el Congreso y ordenar el tratamiento político y técnico de cada iniciativa.

El entendimiento técnico alcanzado con el organismo esta semana reforzó esa hoja de ruta, al incluir entre sus ejes reformas fiscales, tributarias y estructurales como parte de la nueva etapa del programa económico.

Dentro del oficialismo, uno de los frentes más avanzados es la modificación de la Ley de Administración Financiera, considerada clave para consolidar el equilibrio fiscal. La iniciativa apunta a endurecer los criterios sobre el gasto público: se buscará limitar proyectos con impacto presupuestario sin financiamiento explícito, exigir que cada propuesta detalle su fuente de recursos y reforzar las facultades del Ejecutivo para reasignar partidas durante el ejercicio.

Dado que la normativa vigente -Ley 24.156- regula aspectos centrales como el presupuesto, el crédito público, la tesorería y los mecanismos de control, cualquier cambio en este esquema implica una intervención directa sobre el funcionamiento de las cuentas públicas.

En paralelo, el Gobierno avanza con un paquete de desregulación económica liderado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Las iniciativas en preparación abarcan sectores como el mercado inmobiliario, el sistema financiero y el mercado de capitales, con el objetivo de promover mayor competencia, simplificar operaciones y ampliar las fuentes de financiamiento privado.

Este bloque de medidas está alineado con uno de los principales objetivos señalados por el FMI: profundizar el desarrollo del mercado de capitales local, impulsar la inversión privada y mejorar la productividad. En ese marco, el Ejecutivo también espera recibir en el corto plazo un desembolso cercano a los US$1000 millones, sujeto a la aprobación del directorio del organismo.

En materia financiera, la orientación oficial apunta a flexibilizar regulaciones y reducir restricciones para aumentar el volumen de operaciones y facilitar el acceso al crédito. La estrategia busca, además, fortalecer la capacidad de refinanciamiento en moneda local y extranjera sin depender exclusivamente de las reservas del Banco Central.

Otro de los ejes en estudio es la reforma del Código Aduanero. Los equipos técnicos trabajan en un proyecto que prioriza la simplificación normativa, la digitalización de procesos y la reducción de márgenes discrecionales en aspectos como la clasificación arancelaria, la valoración y el origen de mercaderías. Si bien el DNU 41/2026 marcó un antecedente reciente, la nueva propuesta tendría un alcance más amplio, incluyendo procedimientos sancionatorios y plazos administrativos.

El capítulo tributario, en cambio, aún no presenta definiciones cerradas. En el Gobierno reconocen que no existe un proyecto integral de reforma impositiva, aunque mantienen la intención de avanzar hacia una simplificación del sistema. En ese sentido, no descartan la negociación de un nuevo pacto fiscal con las provincias para abordar de manera coordinada los tributos nacionales, provinciales y municipales.

Por su parte, la reforma previsional quedará fuera de esta primera etapa, pese a haber sido mencionada por el FMI dentro del paquete de transformaciones estructurales.

La agenda legislativa será ordenada en una reunión política prevista para los próximos días, en la que también se analizarán otros proyectos prioritarios, como iniciativas vinculadas a la propiedad privada, acuerdos internacionales en materia de patentes y el avance de designaciones judiciales que ya se encuentran en tratamiento en el Senado.

Con este enfoque escalonado, el Gobierno busca avanzar en los compromisos asumidos con el FMI sin concentrar el costo político en una única iniciativa, mientras intenta consolidar las bases de un esquema económico más orientado al financiamiento privado y la estabilidad fiscal.