Rutas nacionales: Mendoza podrá concesionar tramos con peaje bajo control provincial
Un decreto del Gobierno nacional habilita a la provincia a licitar, administrar y mantener rutas nacionales en su territorio, sin perder la jurisdicción federal. Apunta a descentralizar la gestión y acelerar obras.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema para la gestión de rutas que impacta directamente en Mendoza: a partir del Decreto 253/2026, la provincia podrá asumir la concesión de tramos de rutas nacionales que atraviesan su territorio, incluyendo su mantenimiento, ampliación y explotación mediante peajes.
La medida forma parte de una estrategia de descentralización que busca transferir funciones operativas a las provincias, sin ceder la titularidad de las rutas, que seguirá en manos del Estado nacional. En concreto, Mendoza quedará habilitada para licitar obras, adjudicar contratos y gestionar corredores viales, siempre bajo un marco regulado y con supervisión de la Nación.
El esquema no es automático. Para que la provincia pueda avanzar, deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos a intervenir, los plazos de concesión -que no podrán superar los 30 años- y las condiciones técnicas y económicas de cada proyecto.
Uno de los puntos centrales del decreto es que Mendoza podrá otorgar concesiones de obra pública por peaje a empresas privadas o entes públicos, lo que abre la puerta a esquemas de financiamiento mixto en un contexto de restricción fiscal. A cambio, la provincia asumirá la responsabilidad integral sobre la ejecución de las obras y el estado de las rutas concesionadas, incluyendo eventuales reclamos o daños.
El Gobierno nacional, por su parte, mantendrá el control técnico y la supervisión a través de Vialidad Nacional, que deberá validar la viabilidad de cada proyecto y auditar su ejecución. Además, se establece que los fondos generados por cada concesión deberán reinvertirse exclusivamente en el tramo correspondiente, sin posibilidad de ser derivados a otras obras.
El decreto también fija plazos estrictos: una vez aprobado el convenio, la provincia tendrá un año para llamar a licitación. Si no lo hace, perderá la delegación. A su vez, una vez adjudicado el contrato, deberá firmarlo en un máximo de 90 días hábiles.
Ver: Privatizan corredores nacionales: Mendoza queda incluida en la nueva licitación vial
Para Mendoza, la medida representa una herramienta clave en la gestión de infraestructura vial, en especial en corredores estratégicos como los vinculados al comercio internacional y la conexión con Chile. La posibilidad de definir prioridades, acelerar obras y captar financiamiento privado podría resultar determinante para mejorar la competitividad logística de la provincia.
Sin embargo, el esquema también implica mayores responsabilidades: la provincia deberá garantizar estándares de calidad, transparencia en los procesos licitatorios y tarifas razonables en los peajes, en un equilibrio delicado entre inversión y costo para los usuarios.
El nuevo modelo se enmarca en la Ley de Bases y apunta a redefinir el rol del Estado en la obra pública, promoviendo una mayor articulación entre Nación y provincias en la gestión de infraestructura clave para el desarrollo económico.