Amenazas de tiroteo en Mendoza: imputaron a un alumno y sancionarán a familias tras una semana de alarma en escuelas
Tras una semana de pánico, pintadas y mensajes virales, la DGE confirmó la detención de tres estudiantes. Uno es imputable y será juzgado por amenazas agravadas. Investigan si hubo efecto contagio entre alumnos.
La confirmación de que tres alumnos fueron identificados por las amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza marcó el punto más alto de una semana atravesada por el miedo, la incertidumbre y una rápida propagación de mensajes que alteraron el normal funcionamiento del sistema educativo.
El dato más sensible lo aportó este viernes el titular de Educación provincial, Tadeo García Zalazar: uno de los estudiantes involucrados es imputable y quedó a disposición de la Justicia Penal Juvenil bajo la figura de amenazas agravadas. En paralelo, los otros dos -menores de 16 años- serán sometidos a evaluaciones psicológicas y medidas tutelares, mientras que sus familias también podrían enfrentar sanciones.
"Hay investigaciones que están en curso por parte de la Justicia. No puedo dar detalles de los nombres, ni de las escuelas, porque hay que proteger la identidad", aclaró García Zalazar.
El adolescente de 17 años que asiste a una escuela del Este provincial fue rastreado tras amenazar a sus compañeros por Instagram. Por ahora, es el único imputable investigado por la Justicia. Los otros dos señalados son menores de 16 años del Gran Mendoza, y ya se les notificó que se les atribuye el delito de intimidación pública.
Pero detrás de las imputaciones hay una secuencia que se aceleró en cuestión de días y que, según reconocen en el Gobierno, tuvo rasgos de "efecto contagio".
Todo comenzó a principios de esta semana, cuando en una escuela del Gran Mendoza aparecieron las primeras pintadas en baños que advertían sobre un supuesto tiroteo. El mensaje, que en un primer momento fue interpretado como un hecho aislado, rápidamente se replicó en otros establecimientos.
En menos de 48 horas, las amenazas dejaron de ser un episodio puntual: comenzaron a detectarse casos similares en distintas escuelas, principalmente secundarias, aunque con el correr de los días también aparecieron registros en el nivel primario. Las advertencias ya no solo estaban en paredes o cuadernos, sino que empezaron a circular capturas y mensajes a través de redes sociales y grupos de mensajería.
Ahí fue donde el fenómeno cambió de escala. La viralización multiplicó el alcance de las amenazas y generó una reacción en cadena: alumnos que compartían los mensajes, padres que decidían no enviar a sus hijos a clases y escuelas que activaban protocolos ante cada nuevo aviso.
Para mitad de semana, el número de establecimientos afectados ya era significativo. Según datos oficiales, se llegó a un registro cercano a las 70 escuelas con algún tipo de amenaza o mensaje vinculado a posibles ataques.
El impacto fue concreto: ausentismo marcado en varios colegios, presencia policial en ingresos y egresos, y una creciente preocupación en la comunidad educativa.
En paralelo, la investigación avanzó en silencio. La Policía de Investigaciones comenzó a rastrear el origen de los mensajes, con foco en redes sociales y dispositivos digitales. La clave estuvo en reconstruir la circulación de las amenazas y detectar a quienes las habían iniciado o amplificado.
"Se trabajó siguiendo pistas en redes y con información que aportaron padres y escuelas", explicó García Zalazar, al detallar cómo se llegó a identificar a los tres alumnos.
La hipótesis que manejan en el Gobierno es que, más que una organización estructurada, lo que hubo fue una dinámica de imitación: mensajes que se replicaron entre estudiantes, en algunos casos como broma, pero que terminaron generando un efecto mucho mayor.
En ese sentido, si bien no hay confirmación oficial de un "reto viral" puntual, las características del caso -rápida propagación, uso de redes sociales y repetición de consignas- coinciden con otros episodios registrados en el país y en el exterior.
Con las primeras detenciones, la Provincia busca ahora enviar una señal clara: las amenazas no serán tratadas como travesuras. "Una amenaza de muerte en una escuela pública o privada es un delito. Está tipificado en el Código Penal. No es un hecho menor, implica movilizar recursos del Estado y generar temor en toda la comunidad", remarcó el funcionario.
El foco también está puesto en los adultos. La Justicia evaluará si hubo negligencia en el control de los menores, lo que podría derivar en sanciones para los padres, desde multas hasta medidas más severas.
Mientras tanto, la investigación sigue abierta. No se descarta que haya más alumnos involucrados en una trama que, en apenas una semana, pasó de una pintada aislada a una crisis que obligó a reforzar la seguridad en decenas de escuelas.
El desafío ahora es contener el efecto que dejó la seguidilla de amenazas y evitar nuevas réplicas en un contexto donde, como admiten las propias autoridades, la velocidad de las redes puede convertir cualquier mensaje en un problema de escala provincial en cuestión de horas.