Mendoza centraliza la gestión de bienes del Estado y avanza en un reordenamiento patrimonial
Un decreto del gobernador Alfredo Cornejo fortalece el rol de la Di.Ge.Bi.R.E., que concentrará el control de inmuebles, regularizará dominios y reorganizará espacios públicos para optimizar recursos.
El Gobierno de Mendoza dispuso una reorganización en la administración de los bienes estatales con el objetivo de mejorar su control, uso y aprovechamiento. A través del Decreto 675, el Ejecutivo provincial decidió fortalecer y centralizar las funciones de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (Di.Ge.Bi.R.E.), que pasará a tener un rol clave y transversal en toda la administración pública.
La medida responde a la necesidad de ordenar un sistema que, según se desprende de los considerandos del decreto, presenta dispersión normativa, superposición de competencias y una gran diversidad de bienes con distintos grados de utilización, registración y conservación.
En ese marco, la Di.Ge.Bi.R.E. se consolida como organismo rector en materia de bienes registrables, con facultades para intervenir en todos los ámbitos del Estado provincial. Entre sus principales funciones, se destacan la centralización de los actos jurídicos vinculados a inmuebles, la gestión de subastas de bienes estatales y la coordinación de políticas de uso y disposición del patrimonio público.
Uno de los ejes del decreto es la regularización de la situación dominial de los inmuebles provinciales. El organismo podrá relevar el estado registral, catastral y de ocupación de las propiedades, exigir documentación a quienes las utilicen y elaborar un plan para normalizar aquellas que presenten irregularidades.
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El diagnóstico oficial detectó múltiples problemas: desde inmuebles sin inscripción registral hasta propiedades desocupadas o en condiciones que impiden su uso por parte del Estado. También se identificaron contratos de comodato vencidos, donaciones con obligaciones pendientes y la existencia de bienes en desuso que ocupan espacios físicos sin una función clara.
En este contexto, el decreto habilita a avanzar en una reorganización integral de los espacios estatales. Incluso se faculta a la Di.Ge.Bi.R.E. a intervenir en la optimización de oficinas y áreas comunes de Casa de Gobierno, donde se prohíbe la creación de nuevos depósitos salvo excepciones debidamente autorizadas.
Otro punto relevante es la incorporación a la órbita del organismo de los inmuebles provenientes de empresas estatales en proceso de liquidación o ya disueltas, lo que apunta a evitar la dispersión y pérdida de control sobre esos activos.
La normativa también pone el foco en la eficiencia del uso del espacio. Se ordena relevar bienes muebles y documentación almacenada en dependencias públicas para evaluar si corresponde su conservación, traslado o reasignación, con el objetivo de liberar áreas que puedan destinarse a funciones prioritarias.
Además, se dispone la reorganización de los depósitos de la ex-Bodega Giol, un espacio emblemático que será objeto de un proceso de optimización en su utilización.
En paralelo, el decreto redefine la estructura interna del organismo, que contará con áreas específicas como el Registro Único de Bienes Registrables, contabilidad, tesorería y asuntos legales, sin que ello implique la incorporación de nuevo personal.
También se actualiza el funcionamiento de la comisión encargada de las valuaciones de bienes del Estado, que se organizará en cuatro salas con competencias diferenciadas, incluyendo una dedicada a establecer valores de referencia para operaciones y expropiaciones.