Comienza el juicio político a Sebastián Sarmiento
El magistrado, suspendido desde diciembre, enfrenta a partir de hoy un tribunal especial de 21 miembros por acusaciones de mal desempeño. El caso central gira en torno a decisiones que beneficiaron a internos que luego reincidieron en delitos graves.
A partir de este martes, el Jury de Enjuiciamiento iniciará formalmente el juicio político contra el juez penal Sebastián Sarmiento, titular del Juzgado Penal Colegiado Nº 1. El magistrado llega a esta instancia tras haber sido suspendido de sus funciones el pasado 11 de diciembre, situación en la que percibe el 50% de sus haberes. El proceso se extenderá hasta el viernes y determinará si es destituido o si recupera su cargo.
Los puntos clave de la acusación
La denuncia, impulsada por el legislador radical Franco Ambrosini, reúne cinco ejes de mal desempeño que cuestionan la interpretación penal del juez. El caso de mayor relevancia política es el asesinato del comisario retirado Héctor Pelayes, ejecutado por un delincuente que había obtenido una liberación anticipada firmada por Sarmiento.
El expediente también contempla otros antecedentes polémicos:
-Caso Héctor Quiroga (2017): Un homicidio cometido por una persona que gozaba de libertad condicional otorgada bajo su órbita.
-El caso Fabián Olguín: La liberación de un condenado a perpetua que, tras quedar en libertad, fue vinculado a nuevos casos de abuso en San Rafael.
-Conflictos penitenciarios: Decisiones sobre el sistema carcelario, como su oposición a la restricción del uso de celulares en unidades penales y supuestos excesos en su competencia al ordenar traslados de internos.
Un tribunal de alto perfil
La suerte de Sarmiento quedará en manos de un cuerpo colegiado de 21 integrantes. Este tribunal, que tendrá la responsabilidad de evaluar la conducta y los fallos del magistrado, está compuesto por la totalidad de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y por 14 legisladores (siete senadores y siete diputados). La acusación será sostenida por el procurador Alejandro Gullé.
Más allá del futuro personal de Sarmiento, el juicio se presenta como un capítulo central en la tensa relación entre el Poder Ejecutivo provincial -que ha cuestionado reiteradamente los criterios "garantistas" del juez- y el Poder Judicial, evidenciando el debate de fondo sobre el alcance de las responsabilidades funcionales de los magistrados en Mendoza.