Presentan amparo contra el Gobierno por restringir el acceso de periodistas a la Casa Rosada
La demanda exige la restitución inmediata de acreditaciones y advierte que la medida vulnera la libertad de prensa y el derecho a la información.
En las últimas horas, se presentó una acción de amparo contra el Estado nacional con el objetivo de revertir la decisión oficial que impidió el ingreso de periodistas acreditadas a la Casa Rosada. La presentación judicial solicita, además, una medida cautelar urgente para restablecer de inmediato las condiciones que les permitan retomar su labor habitual en la sede del Poder Ejecutivo.
El reclamo surge luego de que dos profesionales con acreditación permanente vieran bloqueado su acceso el pasado 23 de abril, cuando al intentar ingresar a Balcarce 50 se les informó que sus datos biométricos habían sido eliminados del sistema de seguridad. Esta situación les impidió continuar con la cobertura de la actividad gubernamental que venían realizando desde hace años.
En el escrito, se cuestiona la decisión oficial por considerarla "arbitraria e ilegítima", y se señala la responsabilidad de distintos organismos vinculados al control de accesos y la comunicación institucional, entre ellos la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y Medios, la Secretaría General de la Presidencia y Casa Militar.
La presentación judicial advierte que la medida no solo afecta el derecho al trabajo de las periodistas involucradas, sino que también vulnera garantías constitucionales como la libertad de prensa y el acceso a la información pública. En ese sentido, se sostiene que la restricción tiene un impacto más amplio, ya que limita el derecho de la sociedad a informarse sobre los actos de gobierno.
El planteo también destaca que las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano cumplían con todos los requisitos administrativos exigidos para mantener sus acreditaciones vigentes, lo que refuerza el carácter cuestionable de la decisión adoptada.
Ver: El Gobierno suspende el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada
Como parte del contexto, se mencionan declaraciones del secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien justificó la medida al señalar que se trató de una acción preventiva vinculada a una denuncia por presunto espionaje ilegal.
Frente a este escenario, el amparo solicita a la Justicia que intervenga con carácter urgente para restituir el acceso a las periodistas y garantizar el normal desarrollo de su tarea. Asimismo, pide que se declare la inconstitucionalidad de la medida.
El caso generó preocupación en entidades del sector, como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que expresaron su inquietud por las restricciones impuestas al trabajo de la prensa en ámbitos oficiales. De este modo, la controversia reabre el debate sobre los límites y garantías del ejercicio periodístico frente al poder político.