La capitulación silenciosa (parte 3)
Río Grande y la Ley de Glaciares. La microregión del Sur ante el desafío de recuperar su soberanía hídrica.
La dirigencia política del cuarto distrito, con Alfredo Cornejo a la cabeza, ha perpetrado una estafa política histórica al desarrollo de Mendoza y en especial al sur mendocino y personalmente a Malargüe, canjeando la soberanía hídrica por una claudicación técnica imperdonable.
La incapacidad y la desidia de Mendoza para completar los inventarios ambientales no fue un error, sino una maniobra política para defenestrar el futuro del sur provincial y condenarnos a la parálisis, actuaron como verdaderos traidores al mandato popular, permitiendo que los fondos del desarrollo integral fueran desviados hacia los grandes padrones electorales, priorizando el clientelismo sobre el crecimiento del territorio, dándole la espalda a la gente que los votó para defender nuestra riqueza y nuestra tierra.
Es el fracaso de una clase dirigente que prefirió la comodidad del discurso victimista antes que la, supervivencia de nuestro distrito exigía.
Analicemos cómo fue el pecado origimal cometido por el Gobierno Provincial liderado por Cornejo
Recordemos que Cuando se discutía el tema durante la gestión de Macri y Cornejo, el punto de conflicto siempre fue el Estudio de Impacto Ambiental Integral (EIAI) sobre toda la cuenca del Río Colorado.
Lo que Mendoza hizo: Presentó estudios de impacto realizados exclusivamente dentro de su territorio.
Lo que se le pidió finalmente a Mendoza en aquel laudo del Pte Macri y Mendoza no terminó de cerrar. Un estudio integral que evaluara cómo afectaba la obra desde la naciente en Malargüe hasta la desembocadura en el Atlántico. La Pampa siempre reclamó que Mendoza fragmentó la información ambiental. Que luego lo repitió el laudo de Alberto Fernández
¿Cómo entra Escazú en este rompecabezas?
Lo que en su momento fue una disputa técnica en el COIRCO, hoy con el Acuerdo de Escazú (que Argentina ratificó en 2021) se convirtió en un derecho exigible ante la justicia.
El tratado dice que la información debe ser "completa, clara y oportuna". La Pampa argumenta que sin un inventario total de la cuenca y sin estudios integrales, Mendoza está reteniendo información vital.
Escazú exige que la gente de toda la zona afectada, incluyendo pampeanos, neuquinos, rionegrinos y bonaerenses, participe en las decisiones desde el inicio. Si Mendoza avanza solo con procesos locales, La Pampa usa Escazú para decir: "No nos dejaron participar en el proceso de toma de decisiones de una obra que nos afecta".
Los inventarios es el corazón del conflicto actual. La Pampa sostiene que, Mendoza no tiene el inventario de glaciares y ambiente preglaciar actualizado en las zonas donde nacerían las obras del trasvase.
Escazú obliga a que esos inventarios sean públicos y compartidos. Entonces, lo que antes era una sugerencia de terminar los deberes para que la obra fuera viable, hoy es un requisito legal internacional. Si Mendoza no presenta ese inventario total y no abre la discusión a toda la cuenca, La Pampa tiene en Escazú la herramienta perfecta para ir a la Corte Suprema y decir que se están violando tratados de derechos humanos ambientales.
Mendoza se confió en que con el aval político alcanzaba, pero descuidó el blindarían lo ambiental" que hoy exige el nuevo marco jurídico internacional. Escazú es básicamente, el reglamento que le da la razón técnica al reclamo que La Pampa viene haciendo hace años: "No podes decidir solo sobre un río que compartimos todos".
1. ¿Pueden existir dos laudos sobre el mismo tema?
Técnicamente, no debería haber ocurrido. Un laudo presidencial en el marco del COIRCO funciona como una sentencia arbitral: es obligatorio, inapelable y de cumplimiento efectivo.
Cuando Macri laudó en 2018, ya había establecido que la obra era de interés, pero condicionada a la aprobación técnica del Consejo de Gobernadores.
Al pedir Mendoza un segundo laudo a Alberto Fernández, buscando destrabar los fondos o la aprobación definitiva, lo que hizo fue abrir la puerta para que el Ejecutivo Nacional revisara lo que ya estaba firme. Fue un error de estrategia; si el primer laudo era inapelable, Mendoza debería haber exigido su cumplimiento en lugar de someterse a un nuevo arbitraje que terminó siendo el tiro de gracia para Portezuelo.
2. El contenido de los laudos el cuento de nunca acabar.
Efectivamente, ambos presidentes pese a ser de signos políticos opuestos terminaron coincidiendo en la trampa técnica:
Macri dijo: avancen, pero supeditó la obra a que se cumplieran las exigencias del COIRCO donde La Pampa pedía el estudio integral.
Fernández: Fue más tajante y dijo que el estudio ambiental realizado por Mendoza era insuficiente y que debía hacerse uno nuevo sobre toda la cuenca, desde Malargüe hasta la desembocadura. Por tal motivo, el gobierno de Cornejo, acusa hoy como único responsable a Fernadez y al peronismo por la NO ejecución de Portezuelo del Viento
En resumen: Mendoza quedó encerrada en su propia estrategia de pedir laudos sin haber cerrado la brecha técnica (los inventarios) que ambos presidentes le señalaron.
3. La inapelabilidad y la aceptación mutua.
Como bien decaímos, por reglamento del COIRCO, el laudo del presidente de la Nación es la última instancia. Al ser aceptado el arbitraje por las provincias, el resultado es vinculante, e inapelable.
El problema de Mendoza, al no haber completado el inventario y el estudio de impacto ambiental de toda la cuenca antes del segundo laudo, le dejó el "centro a la olla" a Fernández para que fallara a favor del reclamo pampeano.
Mendoza cometió el error de ir por un segundo laudo cuando el primero ya marcaba un camino, que no se terminó de completar técnicamente. Hoy, con el Acuerdo de Escazú encima (que mencionamos en la nota anterior), ese pedido de "estudio integral de cuenca" ya no es solo un capricho presidencial de turno, sino una exigencia legal internacional.
Finalmente, el Gobierno, legisladores e intendentes se limitaron a una interpretación de indignación mediática mientras ignoraban las advertencias de los laudos presidenciales. Ahora con las nuevas exigencias de Escazú, la provincia quedará acorralada legalmente por La Pampa.
A ojos vista, Es el mayor fracaso de una clase dirigente que prefirió la comodidad del discurso victimista antes que la gestión profesional y técnica que la supervivencia de nuestra región demandaba..........FIN