Mendoza avanza con una ley propia de glaciares
Jimena Latorre confirmó en la Expo San Juan Minera que el Gobierno provincial prepara un proyecto para complementar la normativa nacional. La iniciativa surge mientras crece la discusión sobre los límites ambientales y el desarrollo de inversiones mineras.
La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, confirmó que el Gobierno provincial trabaja en una legislación específica sobre glaciares que complemente el marco establecido por la Nación. El anuncio se realizó durante su participación en la Expo San Juan Minera, donde también se lanzó la nueva Mesa Federal Minera.
La funcionaria explicó que la futura normativa buscará adaptar a la realidad mendocina los criterios fijados por la Ley Nacional de Glaciares. "Estamos trabajando en Mendoza en nuestra ley de glaciares", sostuvo en diálogo con Los Andes, luego de las declaraciones del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, quien había planteado la necesidad de revisar legislaciones provinciales vinculadas a la actividad extractiva.
Durante el cierre de las actividades por el Día de la Minería, Lucero cuestionó las normas que restringen proyectos mineros y sostuvo que esas regulaciones deberían actualizarse frente al nuevo escenario económico y productivo.
En ese contexto, Latorre remarcó que la legislación nacional funciona como una norma de "presupuestos mínimos", en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional, y consideró que cada provincia debe definir sus propios mecanismos de implementación.
Según explicó, las jurisdicciones tienen la responsabilidad de establecer cómo se aplicarán esos criterios ambientales en sus territorios, incluyendo protocolos de actuación, procedimientos administrativos y mecanismos de control.
La ministra también destacó la conformación de la Mesa Federal Minera, impulsada junto a gobernadores y funcionarios de distintas provincias argentinas. Para Latorre, el nuevo espacio refleja una visión más amplia sobre el papel de la minería en la economía nacional.
"La minería no es solamente una actividad de las provincias con recursos geológicos, sino una industria capaz de impulsar el crecimiento económico del país", señaló.
En esa línea, valoró la participación de provincias sin tradición minera, como Córdoba y Santa Fe, además de representantes diplomáticos y actores internacionales vinculados al sector.
La funcionaria mendocina insistió además en la necesidad de fortalecer la integración regional con otras provincias y con Chile, especialmente por el potencial de desarrollo conjunto en la Cordillera de los Andes.
Respecto del escenario local, Latorre aseguró que Mendoza modificó su política minera en los últimos dos años y que eso permitió volver a posicionar a la provincia en el circuito internacional de inversiones.
Según afirmó, ese cambio respondió a una decisión política orientada a promover la exploración minera, acompañada por programas de capacitación, fortalecimiento de proveedores y atracción de capitales extranjeros.
Como ejemplo mencionó el encuentro Andean Bridge realizado en Mendoza, que reunió empresas e inversores de Canadá, Chile y Perú interesados en financiar proyectos exploratorios.
Mientras tanto, la discusión sobre glaciares también avanza en la Legislatura provincial. Senadores de distintos bloques opositores presentaron una iniciativa para reforzar la protección de glaciares y ambientes periglaciares en Mendoza.
El proyecto fue impulsado por Félix González, Dugar Chappel, Flavia Manoni, Gerardo Vaquer y Cristina Gómez.
La propuesta surgió luego de la sanción de la Ley Nacional 27.804, que modificó los presupuestos mínimos ambientales y otorgó a las provincias mayor participación en la delimitación de áreas protegidas.
Los legisladores sostienen que el nuevo esquema podría habilitar márgenes de discrecionalidad en territorios donde confluyen intereses mineros y ambientales.
Uno de los ejes centrales del proyecto opositor es otorgar al IANIGLA un rol técnico obligatorio y vinculante en todo lo relacionado con glaciares y ambiente periglacial.
La iniciativa establece que cualquier autorización, concesión o Declaración de Impacto Ambiental vinculada a esas zonas será inválida si no cuenta previamente con un dictamen expreso y fundado del instituto científico.