Estabilidad macro 2026: retos sociales y financieros y Mendoza otra vez a la intemperie

La economía argentina atraviesa en 2026 una etapa de reordenamiento macroeconómico, marcada por avances en materia fiscal y monetaria, pero todavía condicionada por altos niveles de inflación, una estructura productiva heterogénea y tensiones en el frente social. A poco más de dos años del cambio de rumbo económico iniciado a finales de 2023, los indicadores muestran señales mixtas: estabilidad incipiente, crecimiento moderado y desafíos estructurales persistentes.

Uno de los principales logros del actual esquema económico ha sido la desaceleración de la inflación. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la inflación interanual se ubicó en 32,6% en marzo de 2026, mientras que los relevamientos de expectativas privadas proyectan una inflación cercana al 24-30% para el cierre del año.

La inflación baja, el déficit fiscal se achica, el dólar deja de ser una alarma diaria. Todo eso es cierto. Lo que también es cierto -y quizás más relevante- es que esa estabilidad no se traduce en bienestar, empleo ni expectativas de progreso. El riesgo ya no es el colapso. El riesgo es algo más profundo y peligroso: naturalizar una economía estable pero socialmente contractiva.

Crecimiento económico moderado y heterogéneo

En materia de actividad, diferentes organismos internacionales coinciden en que Argentina crecerá entre 3% y 3,5% en 2026, impulsada principalmente por las exportaciones, la energía, la minería y una gradual recomposición del consumo privado. No obstante, este crecimiento es desparejo. Mientras sectores ligados a Vaca Muerta, el litio y el agro muestran dinamismo, la industria orientada al mercado interno y el comercio minorista todavía exhiben debilidad, según estadísticas del INDEC.

Según datos del organismo estadístico, en marzo se registró una suba de la actividad industrial y la de la construcción. Si bien es un buen dato, que llena de esperanzas, lo cierto es que, mirando hacia atrás, estas venían con caídas de más de 9 meses, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

El Gobierno sostiene como eje central el equilibrio fiscal, objetivo que también está alineado con el programa vigente con el Fondo Monetario Internacional. En mayo, la Argentina concretó un pago de US$800 millones al organismo y aguarda nuevos desembolsos tras la segunda revisión del acuerdo.

Este cumplimiento ha sido valorado positivamente por los mercados y agencias calificadoras. De hecho, la calificadora Fitch elevó recientemente la nota de la deuda soberana argentina a B- con perspectiva estable, destacando la mejora en las cuentas fiscales y externas.

Desde la implementación del esquema de bandas cambiarias, el tipo de cambio oficial se mantiene contenido. A comienzos de mayo, el dólar mayorista operó en torno a $1.390-1.420, dentro del rango establecido por el Banco Central. Las reservas internacionales brutas rondan los US$45.000 millones, aunque continúan bajo presión debido a los compromisos financieros externos y la necesidad de reforzar la posición del Banco Central, una de las metas exigidas por el FMI para 2026. El BCRA acumuló más de USD 7.300 millones en compras netas en 2026

De cara a lo que resta del año, el escenario presenta una ventana de oportunidad para afianzar la estabilidad lograda. Sin embargo, el éxito del programa económico dependerá de la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal, acumular reservas y traducir la mejora de los indicadores macro en mejores condiciones de vida para la población.

Mendoza: cuando la macro se filtra en la economía real

La provincia tiene una estructura productiva diversificada, con peso del agro, la agroindustria, la vitivinicultura, el turismo y, crecientemente, la minería y la energía. Esa diversidad amortigua shocks, pero no la vuelve inmune. Mendoza creció 3,5% en 2025, por debajo del 4,4% nacional. Para 2026 se espera un crecimiento moderado (alrededor de 3-4%).

Al mismo tiempo, el consumo interno -clave para comercio, servicios y construcción- sigue débil. En Mendoza esto se refleja con claridad: menos movimiento en el comercio minorista, turismo más selectivo y un mercado inmobiliario que todavía no despega plenamente. No hay crisis, pero tampoco dinamismo.

El mayor desafío mendocino, como en el resto del país, es el empleo de calidad. La estabilidad macro no se traduce automáticamente en empleo formal ni en salarios que recuperen poder adquisitivo. Por el contrario, la informalidad sigue siendo una válvula de ajuste silenciosa.

Aquí la economía mendocina enfrenta una paradoja: tiene sectores con potencial de crecimiento (minería, energía, economía del conocimiento), pero con limitada capacidad de absorción laboral directa. Sin una política activa que conecte inversión, capacitación y empleo, el crecimiento corre el riesgo de ser estadístico, no social.

Si el orden macroeconómico se sostiene, Mendoza puede convertirse en una de las provincias mejor posicionadas para aprovechar la próxima fase. ¿Por qué?

Porque tiene capital humano, tradición exportadora, potencial energético y una cultura institucional que, con errores y tensiones, sigue valorando la previsibilidad. Pero eso exige algo más que equilibrio fiscal nacional: requiere infraestructura, financiamiento y reglas claras a nivel federal. Rutas, logística, conexión energética y acceso al crédito son claves para que la estabilidad deje de ser un concepto macro y se transforme en actividad concreta.

La economía no se ordena solo con números. Se ordena cuando la sociedad percibe que el esfuerzo tiene sentido. En Mendoza, como en el resto del país, el riesgo no es una crisis abrupta, sino algo más sutil: una estabilidad que no entusiasma, que no integra y que no genera expectativas de progreso.

Si 2026 va a ser recordado como el año de la consolidación, deberá ser también el año en que el orden macro empiece, finalmente, a bajar al territorio. De lo contrario, la paciencia social -inclusive en provincias históricamente moderadas como Mendoza- volverá a ser la variable más frágil del programa económico.