Universidades: el Gobierno endurece su postura y asegura que la protesta "tiene un fuerte componente político"
Sandra Pettovello defendió las auditorías sobre las casas de estudio y negó que exista una intención de avanzar contra la educación pública. La movilización reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.
En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional salió a cuestionar la convocatoria y sostuvo que detrás de la protesta existen intereses políticos vinculados a sectores opositores. Desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron además que continuarán las auditorías sobre las universidades públicas y defendieron la necesidad de revisar el destino de los fondos estatales.
Durante una conferencia realizada este lunes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, vinculó la movilización con sectores del peronismo y organizaciones sindicales.
"Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política", afirmó Álvarez.
El funcionario también apuntó contra la participación de dirigentes políticos y gremiales en la protesta. En ese sentido, mencionó la presencia de rectores junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el respaldo de la CGT a la marcha.
"Si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitás que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes? No, en las convocatorias te das cuenta de que es claramente política", insistió.
Por su parte, Pettovello buscó despegar al Ejecutivo de cualquier intento de desfinanciar la educación superior. "Es importante la batalla cultural para que la gente entienda que nosotros no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades. Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales", expresó.
La ministra también puso el foco en la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos y habló de la importancia de "desmitificar el monstruo sagrado" de la universidad pública mediante controles y auditorías.
La disputa por la Ley de Financiamiento
El eje central de la movilización universitaria será el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025. La normativa contempla una actualización presupuestaria y una recomposición salarial ajustada a la inflación acumulada entre 2024 y 2025.
Sin embargo, desde la Casa Rosada sostienen que la ley no especifica el origen de los fondos necesarios para su implementación y consideran que contradice la Ley de Administración Financiera. Las universidades rechazan esa interpretación y llevaron el conflicto a la Justicia, donde ya obtuvieron fallos favorables mientras esperan una definición de la Corte Suprema.
Álvarez aseguró que el Gobierno solo ejecutará lo previsto en la Ley de Presupuesto y afirmó que la norma impulsada por las universidades quedó "abstracta" tras la aprobación del presupuesto nacional. Según detalló, el costo de aplicación rondaría los 1,2 billones de pesos.
Desde el sistema universitario respondieron con dureza. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, cuestionó la postura oficial: "Si ellos creen que es abstracta, ¿por qué en el Presupuesto plantearon un capítulo para derogar la Ley de Financiamiento universitario? Y así todo, no consiguieron los votos".
El funcionario nacional también relativizó el impacto político de la protesta y sostuvo que el Ejecutivo prioriza la discusión parlamentaria por encima de la masividad de las marchas. "Cómo sería un sistema institucional que funcione por la cantidad de bombos que llevo a una marcha. Está bien como protesta, pero no representa un parámetro", afirmó.
En paralelo, el Gobierno mantiene otra disputa abierta con las universidades por los recursos destinados a hospitales universitarios. Tras un fuerte intercambio con la UBA, el subsecretario adelantó que luego de la movilización convocarán a los rectores para discutir el reparto de más de $79 mil millones reclamados por las instituciones.
En ese marco, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, alertó sobre la situación presupuestaria del sistema universitario. Según indicó, las transferencias nacionales acumulan una caída real del 45,6% desde fines de 2023.
"Estamos a la mitad de nuestras capacidades", aseguró Bartolacci, quien además reclamó una mesa de diálogo que incluya a gremios, autoridades universitarias y representantes de toda la comunidad educativa para discutir la implementación de la ley.