De prostíbulos a oficinas de Género en Mendoza
El Gobierno provincial formalizó la cesión definitiva de dos propiedades secuestradas en una causa federal por explotación sexual para el funcionamiento del Área de Género y Diversidad de la DGE.
El Gobierno de Mendoza oficializó la transferencia de tres inmuebles decomisados en una causa federal por trata de personas a la Dirección General de Escuelas (DGE), donde funcionará la Coordinación del Área de Género del organismo educativo.
La medida fue establecida mediante el Decreto Nº 547, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado en el Boletín Oficial. Las propiedades están ubicadas sobre calle José Federico Moreno, en Ciudad, en los números 2165, 2167 y 2171.
Los inmuebles habían sido secuestrados por orden del Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza en 2016, dentro de una investigación vinculada al delito de trata de personas, contemplado en el artículo 145 bis del Código Penal.
Posteriormente, en 2018, la Provincia aceptó formalmente el decomiso y sumó las propiedades al patrimonio estatal. Un año después, esos bienes fueron asignados al entonces Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes para programas de asistencia destinados a víctimas de delitos graves.
Ahora, el Ejecutivo provincial resolvió darles un destino definitivo dentro de la estructura educativa. Allí funcionará la Coordinación del Área de Género de la DGE, creada en 2021 con el objetivo de impulsar políticas de igualdad, prevención de la violencia y no discriminación dentro del sistema educativo mendocino.
Entre las tareas del área se encuentra la aplicación de normativas como la Ley Micaela, la Ley de Identidad de Género y la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, además de la articulación con organismos públicos y organizaciones sociales.
Antes de la afectación definitiva, las propiedades ya habían sido cedidas en comodato a la DGE en 2023 por un plazo de tres años. Con el nuevo decreto, la Provincia consolidó formalmente esa asignación y autorizó a la Escribanía General de Gobierno a realizar las actualizaciones registrales correspondientes.
La decisión se enmarca en la política de reutilización de bienes decomisados por la Justicia para fines sociales y de reparación institucional.