Mendoza endurece los controles para jardines maternales privados
La Provincia estableció nuevas exigencias pedagógicas, sanitarias y de seguridad para los establecimientos que atienden a niños de hasta 3 años. También habrá requisitos más estrictos para el personal.
El Gobierno de Mendoza aprobó una nueva reglamentación para los jardines maternales privados que funcionan en la provincia y reciben a niños desde los 45 días hasta los 3 años. La normativa incorpora mayores controles sobre el funcionamiento de los establecimientos, eleva las exigencias para el personal y fija nuevas condiciones obligatorias en materia educativa, sanitaria y de seguridad.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y crea, entre otros puntos, un Registro Único de Jardines Maternales de Gestión Privada, donde deberán inscribirse todos los espacios antes de comenzar a operar. El padrón será público y gratuito, y cada institución tendrá que exhibir de manera visible el número de registro otorgado por la Dirección General de Escuelas.
Uno de los cambios centrales apunta a la formación del personal que trabaja directamente con los niños. La normativa exige que quienes estén a cargo de las salas cuenten con títulos o capacitaciones certificadas vinculadas a educación inicial, psicopedagogía u otras disciplinas afines. Además, deberán presentar apto psicológico, certificado de antecedentes penales y constancia vigente de manipulación de alimentos.
La reglamentación también incorpora lineamientos relacionados con el neurodesarrollo infantil, el juego y el apego seguro. A su vez, obliga a que el personal esté preparado para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad, violencia o abuso, además de sostener una comunicación permanente con las familias.
En relación con la cantidad de adultos por sala, se establecieron mínimos obligatorios según la edad de los niños. En las salas de lactantes deberá haber un adulto cada cinco niños; en las de un año, uno cada ocho; y en las de 2 y 3 años, uno cada doce menores.
A eso se suma la obligación de contar con al menos un auxiliar itinerante cada tres salas para colaborar con tareas de higiene, alimentación y descanso.
Otro de los requisitos será la presentación anual de un Proyecto Educativo Institucional (PEI), que deberá estar alineado con los objetivos pedagógicos definidos por la DGE para la primera infancia.
La nueva normativa también endurece las condiciones de infraestructura y seguridad. Los jardines deberán contar con habilitación municipal, seguro de responsabilidad civil, cobertura médica de emergencias, planes de evacuación, matafuegos, salidas de emergencia y certificados actualizados de desinfección y desratización.
Además, deberán llevar un control sanitario actualizado de cada niño y garantizar condiciones adecuadas de higiene y salubridad en todos los espacios.
Los establecimientos que ya se encuentran funcionando tendrán un plazo de seis meses para adecuarse a las nuevas disposiciones y continuar habilitados en la provincia.