El Gobierno busca un acuerdo con las universidades para evitar un fallo millonario de la Corte
La Casa Rosada analiza transferir fondos previstos en su propio proyecto de financiamiento a cambio de que las universidades retiren la cautelar judicial por salarios y presupuesto.
Tras la nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional comenzó a mover fichas para intentar desactivar el conflicto con las universidades públicas antes de que escale en la Corte Suprema. La estrategia oficial apunta a cerrar un acuerdo político y presupuestario con los rectores para evitar un eventual fallo judicial que obligue al Estado a desembolsar una cifra multimillonaria.
Según fuentes cercanas a la negociación, la propuesta del Ejecutivo consiste en transferir recursos contemplados en el proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario que el oficialismo presentó en el Congreso. A cambio, las universidades deberían retirar la cautelar judicial que reclama el cumplimiento pleno de la norma vigente.
Esa presentación judicial exige actualizar salarios docentes, becas y partidas universitarias de acuerdo con la inflación. En caso de que la Corte falle contra el Gobierno, la administración nacional estima que debería afrontar pagos por alrededor de $2,5 billones.
La iniciativa oficial, impulsada desde el Ministerio de Capital Humano y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, busca reducir ese impacto fiscal. El proyecto elaborado por la Casa Rosada contempla reconocer únicamente la pérdida salarial correspondiente a 2025 y deja afuera la caída acumulada durante 2024.
Además, la propuesta establece que las recomposiciones salariales se pagarían en cuotas y ya no quedarían atadas automáticamente a la inflación, como sí plantea la legislación vigente. También prevé convocatorias paritarias trimestrales, aunque sin obligación de actualizar haberes según el índice de precios.
En materia presupuestaria, el texto oficial limita las actualizaciones automáticas para gastos de funcionamiento, ciencia y hospitales universitarios. Solo contempla ajustes adicionales si la inflación anual supera determinado porcentaje durante 2026.
Uno de los puntos que sí incorpora el proyecto es una partida extraordinaria superior a los $80.000 millones destinada al sistema de salud universitario, un reclamo que tomó fuerza en las últimas semanas por la situación financiera de hospitales dependientes de las casas de estudio.
Pese a las versiones sobre un posible entendimiento, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguraron que todavía no recibieron una oferta formal por parte del Gobierno. En paralelo, también continúa sin resolverse el pedido de fondos específicos para universidades con hospitales, que reclaman partidas aún no ejecutadas por casi $79 mil millones.