Caputo busca sumar a los contadores para impulsar el uso de los dólares no declarados

El ministro de Economía, Luis Caputo, intentará este jueves acercar posiciones con contadores y especialistas tributarios en medio de las dudas que todavía genera la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una de las apuestas del Gobierno para incentivar que los ahorristas vuelquen al circuito formal los dólares guardados fuera del sistema.

La reunión está prevista para las 11 de la mañana en el Palacio de Hacienda y tendrá como eje principal las inquietudes técnicas que distintos profesionales vienen marcando desde la aprobación de la norma. En el equipo económico creen que aún persiste desconfianza entre contribuyentes y asesores impositivos sobre los riesgos que podría implicar adherir al esquema, especialmente ante un eventual cambio político en 2027.

En declaraciones recientes, Caputo defendió el proyecto y confirmó el encuentro con los especialistas. "Inocencia Fiscal es un proceso porque hoy hay un montón de gente que tiene dudas. Una son las dudas que plantean los contadores mismos, que les adelanto, vamos a tener una reunión con los contadores el jueves para ver cuáles son las cosas que eventualmente ellos ven que pueden mejorarse", señaló.

Entre los temas que los tributaristas buscarán plantear aparece la necesidad de aclarar aspectos técnicos del Régimen Simplificado de Ganancias, sobre todo el alcance del tope anual de ingresos de hasta $1.000 millones. También hay consultas vinculadas al tratamiento de diferencias de cambio y otros criterios contables que todavía esperan definiciones oficiales.

La preocupación central de muchos estudios contables pasa por las garantías futuras para quienes exterioricen fondos no declarados. En el sector advierten que la ley todavía deja zonas grises y que varios contribuyentes temen quedar expuestos ante eventuales modificaciones políticas o fiscales en los próximos años.

Otro de los puntos conflictivos que llegará a la mesa de discusión será el sistema de multas automáticas implementado tras la aprobación de la ley. La reforma elevó drásticamente las sanciones por incumplimientos formales ante el fisco nacional, incluso para demoras mínimas en presentaciones impositivas.

Las multas que antes eran de apenas unos cientos de pesos pasaron a ubicarse en $220.000 para personas humanas y $440.000 para empresas. El salto generó fuertes cuestionamientos de estudios tributarios y cámaras empresarias, especialmente por el impacto sobre pequeñas y medianas empresas.

Durante el debate parlamentario ya habían surgido advertencias sobre el tema, aunque el oficialismo avanzó con la sanción de la ley sin introducir cambios. Más tarde, el propio Caputo prometió públicamente que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicaría un sistema de avisos previos antes de ejecutar las multas.

"Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución", había escrito el ministro en redes sociales, donde explicó que el organismo enviaría recordatorios durante un período de entre 10 y 15 días hábiles antes de sancionar. Sin embargo, según remarcan especialistas del sector, esa promesa nunca terminó implementándose en la práctica.

Tributaristas consultados cuestionan además que las reducciones previstas actualmente siguen dejando montos muy elevados para faltas meramente administrativas o retrasos menores. También señalan que no existe una evaluación individual de cada situación, algo que consideran clave para evitar sanciones desproporcionadas.