Ajuste fiscal: el gasto deberá caer más para sostener la meta del FMI

Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) puso números al desafío fiscal que enfrenta el Gobierno nacional para cumplir este año con el objetivo de superávit primario comprometido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el trabajo, la desaceleración de los ingresos obligará a profundizar el ajuste sobre las partidas no indexadas del gasto público.

El informe, titulado "Gasto público nacional 2026: la mitad del gasto primario está igual que en 2023 y la otra mitad bajaría 47% en términos reales", plantea que jubilaciones, pensiones no contributivas, AUH y asignaciones familiares lograrían cerrar prácticamente en línea con el poder adquisitivo que tenían en 2023. En contraste, el resto del gasto estatal acumularía un recorte cercano al 47% real en tres años.

La proyección parte de los datos fiscales del primer cuatrimestre de 2026 y concluye que el Ejecutivo deberá endurecer el ajuste para alcanzar la meta de superávit primario de 1,4% del PBI acordada con el FMI.

El análisis sostiene que el escenario previsto originalmente en el Presupuesto quedó desactualizado. La ley contemplaba una mejora real de 6,7% en la recaudación tributaria y una expansión de 6% en el gasto primario. Sin embargo, durante los primeros cuatro meses del año la recaudación nacional cayó 6,7% real interanual y ocho de los nueve principales impuestos mostraron retrocesos.

Para el IARAF, la meta presupuestaria aparece como "de imposible cumplimiento", ya que exigiría que en los ocho meses restantes del año la recaudación creciera 13,2% real interanual. Entre los tributos que deberían exhibir mayores subas aparecen el impuesto a los combustibles (+62%), los derechos de exportación (+32%) y los derechos de importación (+27%), mientras que el IVA tendría que avanzar 11% en términos reales.

Bajo el escenario base elaborado por el instituto, la recaudación tributaria nacional terminaría 2026 con una caída real de 2,3%. El cálculo incluía inicialmente el impacto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que implicaba una reducción en las contribuciones patronales durante el segundo semestre, aunque el programa fue suspendido recientemente.

Según la estimación, los ingresos tributarios del Gobierno nacional retrocederían 2,9% real interanual y los impuestos coparticipables caerían 1,1%.

El trabajo también analizó el comportamiento del gasto público durante el primer cuatrimestre. En promedio, el gasto primario mostró una baja de 3,3% real interanual, aunque con fuertes diferencias entre rubros.

Las mayores subas se observaron en subsidios energéticos (+106,5%), otros gastos corrientes (+18,2%), transferencias de capital a provincias (+15,1%), jubilaciones y pensiones no contributivas (+2,6%) y AUH (+0,6%). Del otro lado, las caídas más pronunciadas se dieron en subsidios a otras funciones (-93,7%), transferencias corrientes a provincias (-42,4%) y otros programas sociales (-27,5%).

El IARAF dividió además el gasto en dos bloques: el indexado por inflación -jubilaciones, AUH, pensiones y asignaciones familiares- y el no indexado, que agrupa salarios, subsidios, programas sociales y gastos corrientes. El primero representa el 55% del gasto primario y creció 1,5% real durante el primer cuatrimestre, mientras que el segundo se redujo 8,6%.

"El principal margen de ajuste para lograr el superávit planteado recae sobre el gasto primario no indexado", señaló el informe.

En los primeros cuatro meses del año, los ingresos totales del Estado nacional cayeron 4,3% real interanual y el gasto primario descendió 3,3%. Como la baja de recursos fue más fuerte que la reducción del gasto, el resultado primario se deterioró 11% en términos reales.

Para el resto del año, el escenario base proyecta una caída menor de la recaudación, de apenas 0,8% real interanual. Aun así, para sostener la meta fiscal el gasto primario total debería bajar 2% real. Dentro de esa reducción, el gasto indexado desaceleraría su crecimiento hasta 0,8%, mientras que el gasto no indexado tendría que caer 5,1%.

En el acumulado anual, el estudio prevé que los ingresos totales del Gobierno retrocedan 2% y que el gasto primario disminuya 2,4% real interanual. En ese esquema, el gasto indexado subiría 1% real anual y el no indexado se desplomaría 6,2%.

El trabajo también elaboró distintos escenarios alternativos. Si la recaudación tributaria terminara cayendo 5% real en 2026, el gasto no indexado debería reducirse 10,8% para mantener el superávit de 1,4% del PBI. En cambio, si los ingresos crecieran 3%, el gasto no indexado podría expandirse hasta 6,5%.

Otra de las hipótesis analizadas contempla ingresos tributarios sin cambios reales respecto de 2025. En ese caso, si el Gobierno lograra aumentar 8% los ingresos no tributarios mediante privatizaciones y recursos extraordinarios, podría mantener estable el gasto no indexado y aun así cumplir la meta fiscal.

El informe también incorporó el posible impacto de la ley de financiamiento universitario, actualmente judicializada. Según el IARAF, si la Justicia habilita su aplicación, el costo fiscal adicional -estimado en 0,23% del PBI- debería compensarse con nuevos recortes en otras áreas del gasto no indexado.

En ese escenario, las transferencias a universidades pasarían de caer 6% real en el primer cuatrimestre a crecer 76% durante los últimos ocho meses del año, cerrando 2026 con una suba anual de 48%. Para compensarlo, el resto del gasto no indexado tendría que profundizar su ajuste y pasar de una caída de 8,8% a una de 11% real interanual en el segundo semestre.

Finalmente, el estudio comparó el nivel de gasto proyectado para 2026 frente al de 2023. Allí concluyó que el gasto indexado prácticamente recuperaría el nivel real previo a la crisis, con una diferencia mínima de apenas 0,8%.

El panorama cambia por completo en el resto de las partidas. El gasto no indexado acumularía un ajuste de 47% real entre 2023 y 2026, mientras que el gasto primario total mostraría una reducción de 29% en términos reales.

Las mayores podas, según el informe, se concentran en transferencias de capital a provincias, obra pública nacional, transferencias corrientes no automáticas, programas sociales, subsidios energéticos y al transporte, fondos para universidades y salarios estatales.