El Gobierno vuelve a apostar al Congreso y teje acuerdos con gobernadores para impulsar reformas

Tras varios días atravesados por tensiones internas, el Gobierno nacional intenta recuperar iniciativa política en el Congreso y reorganizar el tratamiento de las reformas que busca aprobar antes del cierre del año legislativo. La estrategia fue discutida esta semana en la mesa política oficialista y tiene como primer objetivo una sesión prevista en el Senado para el 4 de junio.

En esa jornada, la Casa Rosada pretende avanzar con los pliegos judiciales pendientes, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el acuerdo para cancelar compromisos con holdouts vinculados al default de 2001. En Balcarce 50 consideran que la convocatoria puede convertirse en una señal de orden político y parlamentario luego de semanas marcadas por disputas dentro del oficialismo.

El encuentro de la mesa política también mostró nuevamente juntos a Santiago Caputo y Martín Menem después de las diferencias que habían quedado expuestas puertas adentro del espacio libertario. Desde el Ejecutivo aseguraron que durante la reunión no hubo referencias a la interna y que el foco estuvo puesto en el "status legislativo" de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Para reunir los votos necesarios, el oficialismo volverá a apoyarse en la red de acuerdos que viene construyendo con gobernadores dialoguistas, principalmente del Norte del país, además del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. En la Casa Rosada remarcan que esa articulación ya resultó clave para aprobar iniciativas como Zonas Frías, la Ley Hojarasca, Glaciares y la reforma laboral.

El objetivo ahora es replicar ese esquema para abrir paso a otros proyectos que quedaron en carpeta para junio, entre ellos el Súper RIGI, la ley de Lobby, la modificación del Etiquetado Frontal y la regulación sobre ludopatía online.

La negociación parlamentaria también está atada al armado político rumbo a 2027. En el Ejecutivo buscan consolidar acuerdos de gobernabilidad con mandatarios provinciales para "blindar la gestión" antes del inicio pleno de la etapa electoral. En ese marco mencionan entendimientos con dirigentes como Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi.

Uno de los expedientes que el Gobierno considera prioritarios es el paquete sobre propiedad privada, que ya atravesó cambios durante las negociaciones con aliados parlamentarios. La iniciativa busca fortalecer garantías jurídicas para inversiones y activos productivos. El oficialismo pretende tratarlo junto con el acuerdo para cancelar US$171 millones a fondos con sentencias firmes por el default de 2001, expediente que luego sería girado rápidamente a Diputados.

En paralelo, sigue sin fecha definida el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, impulsado por Estados Unidos y ya dictaminado en Diputados. Dentro del Ejecutivo existen distintas interpretaciones sobre la demora: algunos sectores creen que responde a la espera de una señal de Washington vinculada a la baja de aranceles del acuerdo comercial, mientras otros sostienen que todavía podrían introducirse modificaciones al texto.

La reforma electoral continúa siendo el capítulo más complejo para el oficialismo. En la Casa Rosada reconocen que no cuentan con los votos suficientes para aprobar cambios sin negociar concesiones importantes. La discusión incluye el futuro de las PASO, el sistema de votación y el financiamiento electoral.

Mientras tanto, el Gobierno intenta ordenar el tratamiento de la última tanda de proyectos enviados al Congreso. El Súper RIGI y la ley de gestión de intereses ingresaron por Diputados, mientras que la iniciativa sobre ludopatía y la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable fueron remitidas al Senado. Desde Nación aclararon que el envío de los proyectos no implica un tratamiento inmediato.

El Súper RIGI aparece como la principal apuesta económica del paquete. El esquema propone beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y previsionales para inversiones superiores a US$1000 millones destinadas a nuevas industrias. Además, establece que provincias y municipios deberán adherir al régimen para que las empresas accedan a los incentivos nacionales, un punto que anticipa nuevas negociaciones con gobernadores.

La ley de lobby apunta a regular la gestión de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Congreso mediante mecanismos de publicidad y trazabilidad de reuniones y gestiones. En tanto, el proyecto sobre ludopatía busca limitar las apuestas online ilegales, proteger a menores y bloquear plataformas y sistemas de pago no autorizados.

Otro de los cambios promovidos por el oficialismo es la derogación de la ley 27.642 de etiquetado frontal, lo que implicaría eliminar los octógonos negros en los envases de alimentos.

En la mesa política todavía no se definió el envío de una segunda tanda de reformas prevista para junio. Ese paquete incluiría iniciativas sobre sociedades, competencia, juicio por jurados y desregulación económica. Según admiten en el Ejecutivo, algunos textos todavía siguen bajo revisión técnica.

La reforma del Código Penal, en cambio, permanece frenada en el área de Legal y Técnica por diferencias políticas y jurídicas entre los equipos de Santiago Caputo y Juan Bautista Mahiques. Por ahora, el Gobierno prioriza avanzar primero con la reforma electoral y los proyectos ya enviados antes de abrir una nueva etapa legislativa. A eso se suma otro límite institucional: en septiembre deberá presentar el Presupuesto 2027 en el Congreso.