La Justicia ratificó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y sus hijos

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la ejecución de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, donde la exmandataria cumple una condena a seis años de prisión por corrupción.

La decisión llegó luego de que la Sala IV de Casación rechazara los recursos extraordinarios presentados por las defensas para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara la medida de decomiso. Con este fallo, la ejecución patrimonial quedó habilitada para avanzar de manera inmediata.

Aun así, Cristina Kirchner todavía tiene la posibilidad de acudir directamente al máximo tribunal mediante un recurso de queja. Sin embargo, esa presentación no suspenderá el avance sobre los bienes alcanzados por el decomiso.

La condena en la causa Vialidad contempla además un recupero de activos por alrededor de $685.000 millones, monto que deben afrontar solidariamente todos los condenados.

En los hechos, la principal masa patrimonial bajo análisis corresponde a Cristina Kirchner y sus hijos, ya que gran parte de los bienes del empresario Lázaro Báez ya fueron liquidados tras la quiebra de Austral Construcciones y en el expediente por lavado de dinero conocido como "Ruta del Dinero K".

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes votaron por rechazar los planteos de las defensas. En tanto, Mariano Borinsky acompañó parcialmente el criterio, aunque propuso habilitar la revisión extraordinaria sobre algunos bienes específicos.

En su voto, Hornos sostuvo que los recursos no presentaban una cuestión federal suficiente que justificara la intervención de la Corte Suprema y remarcó que los cuestionamientos de las defensas estaban centrados en interpretaciones del Código Penal vinculadas al decomiso.

El magistrado además defendió el criterio utilizado en casos de corrupción y afirmó que "el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida", al considerar que el decomiso busca impedir que las maniobras ilícitas produzcan beneficios económicos permanentes.

Barroetaveña adhirió a ese razonamiento y sostuvo que las apelaciones sólo reflejaban desacuerdos con la sentencia, sin demostrar arbitrariedad ni violaciones constitucionales que habilitaran la instancia extraordinaria.

Borinsky, en cambio, consideró que algunos bienes merecían una revisión parcial por parte de la Corte. Puntualmente mencionó inmuebles vinculados a sociedades de Báez y departamentos ubicados en Mitre 535, además de lotes del complejo Los Sauces relacionados con Máximo y Florencia Kirchner.

Según explicó, esos activos habrían sido adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha que el tribunal tomó como referencia temporal para definir qué bienes podían ser decomisados. Para el juez, esa situación podía afectar el principio de legalidad y el derecho de propiedad.

Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal que dictó la condena ya comenzó a avanzar en la etapa de recuperación de activos.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu envió un oficio a la Corte Suprema para consultar si alguno de los 111 inmuebles identificados en esta primera etapa resulta de interés para el máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura.

La comunicación fue dirigida al área de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, encabezada por Sergio Romero.

En el escrito, el magistrado recordó que la Casación dejó firme el avance sobre los bienes y pidió definir si alguna de las propiedades podría ser destinada al uso de la Corte Suprema o del Consejo de la Magistratura por razones de servicio judicial.