El Gobierno avanza con una reforma fiscal para blindar el déficit cero
La Casa Rosada prepara cambios en la Ley de Administración Financiera para reforzar el control del gasto público, limitar proyectos sin financiamiento y alinearse con las metas acordadas con el FMI.
El Gobierno nacional trabaja en una reforma de la Ley de Administración Financiera con el objetivo de fortalecer el control sobre los recursos del Estado y consolidar la política de déficit cero que impulsa la gestión de Javier Milei.
La iniciativa, que se encuentra en elaboración en la Casa Rosada, apunta a modificar la Ley 24.156, que regula el presupuesto, la tesorería, el crédito público y los mecanismos de control del sector público nacional. En el oficialismo aseguran que el objetivo es dotar al Ejecutivo de mayores herramientas para administrar el gasto y evitar desequilibrios fiscales.
La propuesta se enmarca además en los compromisos asumidos por Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, que en sus últimos informes insistió en la necesidad de sostener el ancla fiscal, limitar el gasto discrecional y consolidar reglas más estrictas para preservar el equilibrio de las cuentas públicas.
Uno de los puntos centrales de la reforma es endurecer las condiciones para la aprobación de leyes con impacto presupuestario. La intención del Gobierno es que cualquier iniciativa impulsada desde el Congreso tenga especificada de manera explícita su fuente de financiamiento, para evitar mayores presiones sobre el gasto público.
En Balcarce 50 sostienen que el esquema actual deja al Ejecutivo ante la disyuntiva de vetar normas, incumplirlas o aplicar recortes en otras áreas cuando aparecen gastos no previstos.
La discusión tomó fuerza tras los debates legislativos por el financiamiento universitario, discapacidad y distintos proyectos de recomposición presupuestaria, que el oficialismo cuestionó por considerar que ponían en riesgo el equilibrio fiscal.
Otro de los cambios que analiza el Ejecutivo está vinculado a las facultades para reasignar partidas durante la ejecución del Presupuesto. La Casa Rosada busca tener mayor margen para modificar gastos, postergar erogaciones o aplicar recortes si cae la recaudación o si nuevas leyes alteran las metas fiscales comprometidas.
La idea del Gobierno es que cualquier superávit fiscal permanezca bajo control del Ejecutivo y pueda utilizarse para sostener el resultado financiero, afrontar vencimientos de deuda o compensar eventuales desvíos de ingresos.
La reforma también aparece vinculada con la elaboración del Presupuesto 2027, que deberá ser enviado al Congreso en septiembre y que, según los lineamientos acordados con el FMI, tendrá que incluir una regla de déficit cero, proyecciones de mediano plazo y escenarios de riesgo fiscal.
Dentro del memorándum firmado con el organismo internacional, Argentina se comprometió además a avanzar hacia un marco fiscal más rígido, con límites al déficit y menores posibilidades de financiamiento monetario del gasto público.
En ese contexto, el Gobierno busca transformar esas metas en una reforma estructural que refuerce el control sobre la ejecución presupuestaria y reduzca el margen de presión legislativa sobre la caja del Estado.