Mineras disputan el acceso a la energía para el megaproyecto Vicuña
El ente regulador nacional analizará en audiencia pública el pedido de ampliación de transporte eléctrico presentado por Vicuña. La iniciativa contempla nuevas líneas de alta tensión y una inversión vinculada a un proyecto de cobre que prevé desembolsos por más de US$9.700 millones, pero enfrenta objeciones de otras compañías con operaciones en San Juan.
El desarrollo del proyecto cuprífero Vicuña, considerado uno de los emprendimientos mineros más ambiciosos del país, abrirá este miércoles un nuevo capítulo regulatorio. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) realizará una audiencia pública para evaluar una solicitud clave presentada por la empresa: la ampliación de la infraestructura de transporte eléctrico y la asignación prioritaria de la capacidad adicional que surja de esas obras.
La discusión no estará exenta de controversias. Varias compañías mineras con presencia en San Juan cuestionan que Vicuña pueda disponer de la mayor parte de la nueva capacidad de transporte eléctrico y expondrán sus argumentos durante el proceso.
La obra que reclama Vicuña
El proyecto impulsado por las compañías BHP y Lundin Mining plantea una importante transformación de la red energética del noroeste sanjuanino.
La propuesta incluye la repotenciación de la infraestructura existente entre Nueva San Juan y Rodeo, elevando su operación de 132 kV a 500 kV. A partir de allí se proyecta la construcción de una línea de alta tensión de 167 kilómetros que unirá la Estación Transformadora Rodeo con una nueva estación denominada Chaparro.
El plan contempla además una línea adicional de 220 kV para conectar el yacimiento Josemaría con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), junto con la construcción de dos nuevas estaciones transformadoras: una en Chaparro y otra dentro del propio complejo minero.
La compañía busca que, una vez finalizadas las obras, se le otorgue prioridad sobre el 90% de la capacidad incremental de transporte eléctrico generada por la nueva infraestructura.
Desde la empresa sostienen que el pedido se ajusta a la normativa vigente y argumentan que la magnitud del emprendimiento requiere un sistema energético robusto y con capacidad suficiente para abastecer la demanda futura.
La primera etapa del proyecto demandará aproximadamente 260 megavatios (MW) para operar el yacimiento a cielo abierto Josemaría.
Objeciones de otras compañías
La pretensión de Vicuña despertó resistencias entre otras firmas mineras que desarrollan proyectos en San Juan y que consideran que la nueva capacidad de transporte no debería quedar concentrada en un único emprendimiento.
Por ese motivo, representantes de distintos proyectos participarán de la audiencia pública para exponer sus cuestionamientos y plantear alternativas respecto del uso de la infraestructura eléctrica.
No obstante, la iniciativa ya cuenta con informes favorables de Transener y Cammesa, además de haber obtenido las aprobaciones ambientales y regulatorias correspondientes. La audiencia constituye el último paso relevante antes de una definición del organismo nacional.
Quiénes participarán
La audiencia contará con la exposición de trece representantes de organismos públicos, empresas y entidades vinculadas al sector energético y minero.
Por parte de Vicuña intervendrá Marcos Rizzato Lede, responsable del área de Energía de la compañía, mientras que Transener estará representada por su director general, Carlos García.
También participarán autoridades provinciales, representantes de distribuidoras eléctricas, intendentes de los departamentos sanjuaninos involucrados y referentes de proyectos mineros como Gualcamayo, Los Azules, Barrick, Minera Andina del Sol y Golding Mining, entre otros.
Un proyecto estratégico para el cobre argentino
La discusión sobre la infraestructura eléctrica se produce en paralelo con el avance de Vicuña en otras instancias clave para su desarrollo.
La empresa prevé obtener durante este año la aprobación dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo.
Aunque la compañía no difundió oficialmente el monto comprometido para su presentación, un informe elevado por la Jefatura de Gabinete al Congreso señala que la inversión total proyectada asciende a US$9.712 millones.
Fuentes del sector estiman que la primera etapa de construcción demandará alrededor de US$7.000 millones.
La compañía espera adoptar la Decisión Final de Inversión (FID) durante el segundo semestre de este año, con el objetivo de iniciar las obras de construcción a comienzos de 2027.
Según el cronograma previsto, la infraestructura eléctrica deberá encontrarse operativa en 2029, mientras que la puesta en marcha productiva del megaproyecto está proyectada para 2030, consolidando a Vicuña como uno de los desarrollos de cobre más importantes de América Latina.